Luego de que el pasado 15 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) afirmó que es una violación flagrante al marco constitucional mexicano.
“A través de este instrumento, la Secretaría de Energía (Sener) usurpa facultades de otras autoridades para manipular a su antojo las reglas del sector e incidir ilegítimamente en las condiciones de competencia y libre concurrencia”, afirmó el organismo que dirige Francisco Cervantes Díaz.
En un comunicado expuso que esto no solo discrimina a las inversiones privadas, especialmente las renovables, “sino que también establece condiciones para que las autoridades arbitrariamente puedan encarecer artificialmente el precio de la electricidad y desplazar discrecionalmente proyectos de generación privados más eficientes”.
“Este nuevo intento de consolidar a la CFE como monopolio absoluto en materia eléctrica, impactaría negativamente en las tarifas que pagan los consumidores. También los proyectos de centrales eléctricas que Sener considere estratégicos, generando una fuerte incertidumbre entre los inversores”, resaltó.
Expuso que se pretende que los permisos se otorguen bajo criterios arbitrarios, que constituirían barreras artificiales en beneficio de la CFE y en contra de los inversores privados, disminuyéndose de esta forma la inversión y perjudicando la creación de empleo local y al contenido nacional.
“No omitimos mencionar que la llamada “política”, al buscar realmente desplazar las plantas de energía renovables más eficientes para poner en operación las obsoletas e ineficientes plantas a base de combustóleo de la CFE, constituye un grave atentado contra el medio ambiente y la salud de los mexicanos”, resaltó.
En ese sentido la Concamin hizo un llamado a la presidencia de la República, “a revocar este acuerdo en forma inmediata y a detener la destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Secretaría de Energía”.
kga