La firma legal Santamarina y Steta señaló que las medidas del gobierno México para el sector energético, y más específicamente las enfocadas a la electricidad, llevaron a experimentar una dramática disminución de inversión, equivalente al 88 por ciento, entre 2018 y 2021.
El socio de la firma Juan Carlos Machorro explicó que la demanda de electricidad crece por lo menos 3 por ciento cada año y en México no se otorgan permisos, no se construye infraestructura de transmisión, no se inauguran nuevas plantas y no existen proyectos nuevos de generación.
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“Esta administración comenzó con el pie izquierdo al adoptar medidas por demás cuestionables, desde la cancelación de subastas eléctricas de largo plazo, las licitaciones de infraestructura de transmisión, el cambio de reglas en los certificados de energía limpia y los acuerdos de Cenace y la política de confiabilidad de Sener en plena pandemia, hasta la malograda reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y la funesta intentona de reforma constitucional", explicó.
Machorro añadió que la parálisis administrativa en la gestión de trámites a cargo la Comisión Reguladora de Energía (CRE) provocó la destrucción de valor en el sector y daños y perjuicios, "por los que alguien tendrá que responder", aseguró.
El experto consideró que la política energética llevada a cabo con esta desafortunada serie de medidas del gobierno Mexicano frente a sus socios comerciales topo con una encrucijada en la que el proceso es preocupante, intricado y doloroso.
“Seguirá causando daño hasta que la administración actual entienda a cabalidad que a partir de la reforma energética el sector quedó protegido en forma integral y de manera transversal en todos los capítulos aplicables del T-MEC, que incluyen temas de protección a inversiones, empresas del estado, competencia económica, propiedad industrial, medio ambiente y buenas prácticas regulatorias”, explicó.
AMP