La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) advirtió que las modificaciones planteadas a la Ley de Amparo podrían generar incertidumbre jurídica en el sector, encarecer los proyectos y limitar la construcción de vivienda, lo que afectaría la confianza de los inversionistas.
En un comunicado, la ADI detalló que los aspectos de esta legislación que les generan inquietud son:
- Aquellos que limitan la procedencia de las suspensiones.
- Los que restringen los efectos de las resoluciones de los jueces.
- Un artículo transitorio con efectos retroactivos (considerado especialmente alarmante).
“Este último punto representa un grave riesgo, ya que impactaría directamente a inversionistas y desarrolladores que hoy tienen juicios de amparo en curso, vulnerando el principio constitucional de no retroactividad de la ley”, señaló el organismo.
“El sector inmobiliario es uno de los más sensibles a los cambios regulatorios y, al mismo tiempo, uno de los más golpeados por actos discrecionales de autoridades en materia de permisos, usos de suelo, densidades y normativas ambientales”, añadió.
Riesgos y afectaciones al consumidor
El organismo empresarial puntualizó que limitar el alcance de la suspensión en el amparo implica dejar a los desarrolladores sin una defensa efectiva frente a posibles arbitrariedades, generando desventajas competitivas entre proyectos similares y debilitando la confianza de los inversionistas.
La ADI remarcó que la aplicación inmediata de normas cuestionadas, mientras se resuelve su constitucionalidad, expone a los proyectos a:
- Sobrecostos
- Retrasos
Modificaciones que afectan su viabilidad financiera
“La incertidumbre jurídica obligaría incluso a renegociar contratos con inversionistas y clientes, elevando los riesgos financieros y trasladando posibles incrementos de precios al consumidor final”, afirmó la asociación.
El organismo alertó que, en conjunto, estos cambios perjudican gravemente la competitividad del sector, reducen la oferta de vivienda e infraestructura y desincentivan la llegada de capital extranjero.
Llamado al Poder Legislativo
Ante este hecho, la ADI hizo un llamado firme y respetuoso al Poder Legislativo para que, en la discusión de esta reforma, se preserve no sólo el equilibrio entre el interés público y la protección efectiva de los derechos de los particulares, sino también el principio de no retroactividad de la ley, como garantía fundamental del Estado de derecho.
MRA