La abogada experta en derecho energético y regulatorio de Santamarina y Steta, Norma Álvarez, indicó que el reciente decreto antihuachicol genera preocupación entre los importadores de hidrocarburos, ya que podría llevar a una lluvia de amparos y a la judicialización, como está ocurriendo en el sector eléctrico.
En un análisis realizado por la abogada, indicó que la preocupación radica en quienes tienen autorización temporal de importación, porque tendrán vencimientos que oscilan entre finales de diciembre de 2023 y principios de enero de 2024, con una ventana de 12 días para obtener sus nuevos permisos, los cuales ya serán exigibles el 19 de diciembre.
El reciente decreto de restricción temporal para la importación de hidrocarburos, conocido como antihuachicol, endurece con nuevas disposiciones reglamentarias la importación de 68 productos, que podrían ser mezclados con combustibles.
“Si bien, es cierto que el decreto y las disposiciones reglamentarias buscan prevenir el tráfico ilícito de hidrocarburos, la forma en que lo están haciendo no es la adecuada, porque le están sobrecargando al permisionario con obligaciones que no necesariamente van a traducirse en el abatimiento de robos y otros actos ilícitos”, declaró.
Álvarez aseguró que existe una amenaza real para detener sus operaciones, que sumada a la ventana tan corta entre la presentación de solicitudes y resoluciones de autoridades, perfilan un lapso importante de suspensión y puede generar un problema que va a suscitarse en las aduanas.
Norma Álvarez añadió otras dos posibles barreras que son el decreto en el que la Secretaría de Energía (Sener) que puede solicitar en cualquier momento a cualquier dependencia o tercero información relativa a la cadena de valor del petrolífero que se va a importar.
“El problema es que cualquier tercero puede opinar sin que necesariamente tenga toda la información del permisionario, lo cual afecta directamente el principio de legalidad y de certeza jurídica. Cualquiera puede opinar sin estar informado de la actividad e influir en una negación del permiso", expresó.
La segunda barrera es la negativa ficta, que consiste en que si la autoridad no resuelve en el tiempo fijado, se confirma la negativa. “Se puede volver a solicitar el permiso, pero el permisionario obtiene la negativa ficta sin enterarse. Esta disposición genera más incertidumbre y retrasos en trámites".
La experta de Santamarina & Steta dijo que lamentan que se sobreregule para importadores que ya están cumpliendo con la ley, mientras se abandonan las medidas de vigilancia, que sí pueden ser efectivas contra el huachicoleo.
PNMO