Retrasos administrativos a causa del coronavirus y una clara política federal para proteger los intereses de Petróleos Mexicanos (Pemex) es lo que está provocando que empresas extranjeras tengan dificultades para obtener permisos para establecer gasolineras nuevas, instalaciones de almacenamiento de terceros, combustibles importados, entre otros trámites, advirtieron especialistas del sector consultados por MILENIO.
Este lunes empresas integrantes del American Petroleum Institute (API), organismo estadunidense integrado por empresas de la industria del gas natural y combustibles, acusaron en una carta que el gobierno mexicano está debilitando el marco que permite flujos comerciales y discriminando las inversiones estadunidenses, violando compromisos de México tanto del TLCAN como en la T-MEC.
La carta habla de discriminación en los sectores de midstream (almacenamiento y transporte) y downstream (refinación, redistribución y venta).
La API ejemplificó, entre otras cosas, que las empresas estadunidenses, asentadas en México, que importan combustibles de refinerías en los Estados Unidos están experimentando retrasos por parte de la Secretaría de Energía (Sener), para la emisión de permisos y que en algunos casos estos han sido rechazados o restringidos para gasolina y diésel.
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En este sentido, el socio de Caraiva y Asociados-León & Pech Architects y especialista del sector energético, Ramsés Pech, consideró que el propio gobierno no ha entendido que apenas se está construyendo el mercado en México, por lo que “no se debería cambiar cosas en forma rápida y continua solo para cuidar a Pemex en este momento”.
Ramsés Pech afirmó que el peso que tiene la API en Estados Unidos es mucho, debido a que maneja todas las normativas, regulaciones y las evaluaciones de crudo e incluso de refinerías.
“En México continuamos primero haciendo los contratos y después averiguamos si técnicamente se puede realizar. Estados Unidos tiene más de 40 años haciendo lo que nosotros apenas estamos empezando hacer apenas hace 4 años”, dijo.
El especialista indicó que la exigencia para México es cumplir con el Capítulo 14 del T-MEC sobre la certeza a las inversiones y la carta es un cuestionamiento de si México supo o es consciente de lo que firmó.
Por su parte el especialista Arturo Carranza consideró que la política proteccionista del gobierno mexicano obedece a que Pemex reportó en 2019 una disminución de 20 por ciento en los ingresos por ventas nacionales, que se explica principalmente por la venta de menor combustible dada la entrada de nuevos competidores.
"Justo de cara ante esta realidad es que el gobierno ha implementado una política para fortalecer a Pemex, que busca en una primera instancia que la empresa recupere participación y tiene un horizonte de mediano plazo para que sea la empresa la que suministre el total de los combustibles que se consumen en México", dijo.
El especialista añadió que si los reclamos de la API son efectivos y las presiones del gobierno estadunidense se incrementan, probablemente el gobierno mexicano se verá en la necesidad, como lo hecho en el tema de migración, de recular; aunque dijo la política nacional de proteger a Pemex es muy clara.
"En el Capítulo 8 del T-MEC el Gobierno de México fue muy enfático, porque ahí se expresa al pie de la letra que es la nación la que tiene el dominio sobre los hidrocarburos. ¿Qué implicación tendría?, yo creo que el gobierno en la medida de lo posible y hasta que no se escalen estos reclamos, lo veo mantener esta política", aseguró.
Además apuntó que no hay una discriminación, sino una política que se está aplicando a todo el mercado de combustibles, y hay que reconocer que los cambios en la CRE y la coyuntura que ha generado la pandemia han afectado los procesos administrativos, y esos son para empresas extranjeras y para nacionales.
lvm