El acuerdo de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) de Puebla para regular las tarifas de las plataformas de transporte ejecutivo privado "es un acto ilegal que atenta contra el modelo de economía colaborativa, la libertad de comercio y el el principio de libre competencia", consideró la aplicación Uber.
Mediante un comunicado, María Eugenia Zurita, directora de Comunicación de Uber en México, señaló que instancias como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) avalan que aplicaciones como Uber cobren por sus servicios usando el principio de oferta y demanda, más no a través de acuerdos establecidos por los gobiernos como sucede con el transporte público.
"La fijación de precios a los viajes privados por aplicación, además de atentar contra la libre competencia, afecta severamente el modelo de economía colaborativa, el cual desde hace más de 6 años ha sido un generador de oportunidades de autoempleo para miles de poblanos, y tendría un impacto económico en las ganancias de los socios conductores que se están recuperando de los estragos del covid-19", sentenció Zurita.
Uber en México, explicó que "en situaciones excepcionales" cuando la demanda incrementa y supera la oferta disponible, como sucedió en todo el país, "se experimenta de manera temporal un alza en el precio de los servicios privados de movilidad para incentivar que más socios conductores se conecten a la aplicación y así poder satisfacer las necesidades de movilidad de los poblanos".
La aplicación dijo entender "las molestias" que puede provocar entre los usuarios que se incrementen sus tarifas, por lo que "da seguimiento y ofrece soporte de manera personal y directa a cualquier situación que se externe", aunque apeló que "el usuario siempre conoce el precio antes de aceptarlo para que pueda tomar una decisión informada".
Fue el pasado martes cuando la SMT publicó un acuerdo en el Periódico Oficial del Estado para regular, hasta el 15 de enero de 2022, las tarifas que ofrecen plataformas privadas de transporte ejecutivo como Uber, DiDi y Cabify, ya que el gobierno estatal consideró que cometían abusos contra los usuarios al incrementar considerablemente sus tarifas por exceso de demanda.
CHM