El puerto de Altamira confirmó la demolición del Paso Superior Vehicular en la carretera Tampico-Mante, conocida como el puente roto, la cual arrancará en febrero próximo en tanto se realiza la pavimentación de los carriles laterales en la obra entregada a finales de 2010 por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.
El alcalde Armando Martínez Manríquez confirmó la noticia tras el encuentro que tuvo con Oscar Miguel Ochoa Gorena, titular de la Administración Portuaria Integral (API), donde también estuvo presente el delegado de programas sociales Rodolfo González Valderrama.
“Dentro de la anuencia, el director nos confirmó que arrancará la construcción de carriles laterales en el puente roto. El proceso de licitación se encuentra en concurso, se calcula entre el 8 y 10 de noviembre se inicie obra y en cuanto termine la pavimentación de las laterales, vendrá la demolición total del puente, proyectado en febrero”, explicó.
El munícipe agregó que esto es un proyecto totalmente a cargo de la API, al presupuestarse una inversión de 14 millones de pesos para demorarlo por completo. Se estima realizar el derrumbe de toda la infraestructura en el 2022, aunque con la garantía de contar con una circulación definida que no afecte a la población.
“Se está actuando con mucha responsabilidad y se planean bien las obras, es necesario hacerla porque en la circulación de sur a norte se han dado accidentes fuertes donde se voltearon trailers. Por ello, es muy importante desarrollar el proyecto para darle seguridad a los coches y camiones que transitan”, apuntó Martínez Manríquez.
Recurso ya destinado
De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2022, la Secretaría de Hacienda le asignó a la API Altamira un recurso por 83 millones de pesos para la rehabilitación de la referida estructura, que forma parte de un paquete en total de 750 millones de pesos.
Este puente entregado en la administración de Calderón Hinojosa, presentó meses después de su inauguración fallas; tras su evaluación se determinó riesgo de derrumbe y se cerró por completo a la circulación. Posteriormente, el gobierno federal y la empresa constructora entraron a un litigio para deslindar responsabilidades, el cual concluyó hace tres años.