Erasmo Nevarez, especialista contable fue discreto en la información que proporcionó tras el cuestionamiento sobre la existencia de empresas factureras en la región.
“Si hay, en Coahuila y particularmente aquí en La Laguna hay oficinas dedicadas a ésto (sin proporcionar nombres), con una estructura grande de empresas que entrelazan operaciones entre sí y ninguna paga; todo el dinero que se paga por la compra de las facturas, deriva en todo un flujo que pasa por todo el entramado de empresas, hasta llegar a las empresas Bote de Basura”, el origen de las factureras.
Las empresas denominadas “Bote de Basura”, se ubican en el último eslabón de la cadena de irregularidades fiscales y son la raíz de la estructura de las factureras. Es la que regresa el dinero al cliente, descontando la comisión; es la que paga impuestos con créditos fiscales que son inexistentes. Las empresas Bote de Basura son las que finalmente desaparecerán, para luego crearse otra compañía.
- Te recomendamos La Laguna, el “paraíso fiscal” para empresas evasoras Negocios
Según explicó Erasmo Nevarez, el cliente requiere bajar el monto de los impuestos a pagar, y acuden a estos grupos de factureros, para solicitar este documento. Para ello se cuenta con todo un menú a la carta de opciones donde el cliente puede elegir de acuerdo a sus necesidades, ya que hay facturas de todo tipo: Construcción, Servicios, Asesorias, de Activos Fijos.
Para su funcionamiento, la facturera tiene a su vez compañías de estos giros, a quienes se les paga la factura; luego esta recibe otra factura de una compañía filial para complementar la información y así sucesivamente hasta llegar a la empresa Bote de Basura, que finalmente no pagará los impuestos.
“Todos cumplieron con la presentación de facturas compradas, todas cumplen y presentaron declaraciones, pero son operaciones inexistentes, o servicios que nunca prestaron y nunca pagaron impuestos.
Sanciones por estas prácticas
El especialista señaló que el SAT al identificar alguna irregularidad, da oportunidades para que se explique la situación y la operación; si luego de varias notificaciones no se da respuesta satisfactoria, entonces vendrán las sanciones que dependerán de la cantidad defraudada; que si el monto de lo defraudado excede 7 millones, la pena es corporal, no admite fianza, siendo 9 años de cárcel.
Cuestionado sobre el motivo de dar a conocer la lista de los clientes de las firmas factureras y reservarse el nombre de estas últimas, dijo que la autoridad fiscal se reserva esta información por considerarla “sensible”, para en términos de investigación.
EGO