Rappi, la empresa de servicios de entrega, está bajo proceso de investigación por el presunto incumplimiento de una orden previa para acatar normas de comercio electrónico que podría ocasionar millonarias multas.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en Bogotá, Colombia, dijo que tomó la decisión por el posible incumplimiento de cinco requerimientos exigidos a la compañía multinacional a finales de agosto.
"No tener un canal de PQRs (peticiones, quejas y reclamos) para sus consumidores, el hecho de que aún generan una confusión en los términos y condiciones respecto de la solidaridad que existe entre ellos y los comercios por medio de los cuales obtienen los productos que venden", dijo el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto.
"El hecho de que aún el precio final para el consumidor es desconocido y puede variar, el hecho también de que no están dándole total atención a las reclamaciones que se están presentando y en ese sentido nos llama la atención de que no estén cumpliendo con esas recomendaciones de esta superintendencia", explicó el funcionario.
Para la SIC, la aplicación supera el alcance de solo ser un portal de contacto, sino que hace parte de la cadena de comercialización.
Rappi dijo que estaba esperando ser notificada por la superintendencia, pero el cofundador de la compañía, Simón Borrero, llamó al organismo a dialogar sobre los requerimientos.
"Me encantaría poder reunirnos con ellos y hablar las cosas. Estamos tratando de construir una gran compañía que le beneficia al país", dijo Borrero en una vídeo conferencia.
JAR