En caso de aprobarse sin modificaciones la reforma eléctrica, esto derivaría en diversos litigios que las empresas extranjeras podrían comenzar a imponer mediante acuerdos los comerciales que tiene México, por lo que aproximadamente en seis meses darían inicio.
En entrevista con MILENIO, el socio del despacho internacional Hogan Lovells, Miguel Mateo, señaló que la reforma energética de 2013 e implementada en 2014, tiene elementos “muy buenos” en cuanto a que la diferencia de los mercados mundiales eléctricos, el régimen mexicano tiene elementos e incentivos de mercado y no incentivos fiscales.
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Explicó que en caso de que se imponga la reforma, se eliminarían los contratos y permisos que tienen las empresas, donde los inversionistas extranjeros acudirán a tribunales internacionales, donde van a demandar a México, al acreditar los daños, “lo que se antoja como daños cuantioso, una reforma así sí es violatoria de diversos tratados”.
“Si llega a pasar la reforma, generalmente a partir de que ocurre un acto que estimas es violatorio del tratado internacional, se pide en los propios tratados que se presente una notificación de intensión; una vez hecha, se espera un tiempo como seis meses aproximadamente para presentar la demanda de las empresas afectadas”, aseveró.
En ese sentido estimó que si se aprueba en abril, mayo, la reforma eléctrica aprobada sin cambios, “estaríamos viendo que en mayo las compañías presentan sus notificaciones de intensión de arbitraje, y seis meses después aproximadamente, estaríamos viendo tal vez ya el inicio de los procedimientos formales”.
“Lo cual conllevaría a una condena de México a pagar indemnizaciones multimillonarias similares o mayores a las que España ha sido sujeta por igual cambios legislativos que afectan a inversionistas extranjeros en sus empresas. Un escenario A si pasa la reforma lo veríamos en el marco legal con esas consecuencias”, afirmó.
En ese sentido agregó que se vendrían otras consecuencias regulatorias contra México en caso de aprobarse la reforma, “ya que el texto actual de la reforma tiene muchos vacíos, donde no establece un procedimiento transitorio, cómo es que los contratos serán negociados con las condiciones de la CFE, hay muchas incógnitas sobre los contratos”.
Al ser cuestionado sobre cuánto podrían ser los montos que México puede pagar por la iniciativa Mateo dijo: “es muy difícil llegar a un aproximado (de afectaciones) porque para hacerlo se debe valuar las inversiones, y más ir por tratados comerciales, ya que la indemnización se fija con el precio comercial de la empresa afectada. Y eso varía en cada empresa, y con inversiones multimillonarias y una cantidad de empresas muy importante”.
“Son muchas empresas, variables, las que están en juego, lo que terminó pagando España son billones y billones de dólares a inversionistas, y lo que se antoja es que aquí en México los daños serían mucho más cuantiosos, entonces, las indemnizaciones que se tendrían que pagar, serían algo similar si no es que más, de lo que se está pagando por la cancelación del NAIM”, resaltó.
Señaló que la reforma como está al día de hoy, sí viola algunas obligaciones internacionales que tiene México en diversos tratados, “pero no solo se requiere que haya un incumplimiento, se requiere que haya un daño y se acredite, por lo que solo se podría estimar los pagos una vez que se pueda ejercer los cambios”.
“En la reforma constitucional implica que todos los contratos con la IP y permisos de generación se cancelan para la nueva reorganización y que solo exista la CFE como único comprador y vendedor de energía. Si la reforma llega a pasar, no hay nada que pueda hacerse para impugnar, el único remedio para los inversionistas extranjeros es acudir a los tratados para proteger sus inversiones”, comentó.
LG