La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) aseguró que la reforma en materia eléctrica, que el Ejecutivo busca imponer en el país, generará graves riesgos a la seguridad energética de México, aunado a que provocará demandas hacia el país por parte de empresas extranjeras, las cuales tendrán costos muy elevados.
El presidente de la Comisión de Fomento Industrial de la Canacintra, Juan Manuel Chaparro, aseguró que la iniciativa de reforma eléctrica del gobierno mexicano contempla que, antes de que se suministre energía al sistema energético por algún privado, primero lo debe hacer la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“La iniciativa de reforma eléctrica que promueve el gobierno, representa un alto riesgo para la seguridad energética del país, pues no contempla un marco normativo en materia energética; no presenta una sustentabilidad jurídica; ni equidad dentro del mercado, al limitar o reducir la participación del sector privado en el sector energético al estar promoviendo como suministrador a la CFE”, aseguró.
Mediante un documento, Manuel Chaparro sostuvo que la iniciativa de reforma eléctrica está en contra posición del uso de nuevas tecnologías, y de los actuales lineamientos y tendencias internacionales para lograr reducir la contaminación ambiental, hasta el grado de generar cero emisiones contaminantes a nuestro ambiente.
“En general, ésta iniciativa de reforma atenta contra el estado de derecho, la libre competencia en el sector energético, discrimina el uso de las energías renovables y desplaza proyectos de generación del sector privado y por consecuencia impacta en un mayor desempleo sin duda alguna”, afirmó.
Advirtió que la iniciativa debe abandonarse o México, su industria, su economía y su población “pagarán las consecuencias”, ya que la reforma tiene “más cuerpo político” que soporte técnico, al carecer de estrategias o replanteamientos y fundamentos orientados a la generación de energías limpias.
“De darse la reforma eléctrica, las empresas afectadas nacionales como extranjeras, promoverían amparos, litigios, arbitrajes, y acudirán a las medidas disponibles a través de controversias para enfrentar las violaciones y daños que cause. Por lo que tendrían que ser indemnizadas con dinero recaudado de los contribuyentes en cantidades millonarias, y en montos que bien podrían acercarse a dos dígitos del PIB actual”, resaltó.
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