La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica generará varias controversias comerciales, ya que se viola el acuerdo en materia de inversiones, competencia económica, transparencia y no discriminación de proveedores extranjeros en compras públicas, señaló en un análisis económico, BBVA Research.
El documento elaborado por el economista en jefe de BBVA, Carlos Serrano, explicó que esto se debe a la preferencia que se le dará a la generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en perjuicio de otras fuentes más eficientes y menos contaminantes, además de que se dejarían de cumplir con acuerdos internacionales sobre el uso de energías renovables para combatir el cambio climático.
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"Hay que recordar que hay empresas que han invertido más de 40 mil millones de dólares para poder producir energías limpias. Lo hicieron bajo una serie de reglas claras y preestablecidas que entre otras cosas implican que obtendrían certificados de energías limpias (CELs) si cumplían con ciertos parámetros para lo cual había que invertir montos importantes", señaló el economista en jefe.
Con la iniciativa se busca, además de dar preferencia al despacho de energía de la CFE, otorgar CELs a la eléctrica nacional aún si no se cumplen con los parámetros establecidos, lo que es calificado por la institución financiera como un cambio a las reglas del juego ya empezado el partido. También constituye un ejemplo de favorecer a un jugador en detrimento de otros, lo cual, sería violatorio del T-MEC y podría dejar obsoletas las inversiones realizadas por privados.
"En términos económicos sería comparable a una expropiación. Peor todavía es que esta Ley puede desincentivar inversiones tanto en el sector energético como en todos los demás. El costo es incalculable. Resultará en una menor tasa de crecimiento del país, menor generación de empleos, e ingresos gubernamentales para destinar a programas sociales. Se trataría de un duro golpe a la población de menores ingresos y a todos los habitantes del país en términos de una peor salud", apuntó.
Carlos Serrano reconoce que se requiere que la CFE invierta para ser un despachador de última instancia y que esto tiene costo, pero propone diseñar mecanismos que compensen a la comisión por estas inversiones.
"Se podría, solicitar a los nuevos inversores en energías limpias (no a los que ya entraron pues lo hicieron con bajo unas reglas preestablecidas) que realicen un pago compensatorio en situaciones en que su producción caiga por debajo de ciertos parámetros. También cobrar una mayor tarifa a los usuarios para compensar a la CFE, para que la tarifa refleje los costos en los que incurriría la compañía estatal para ser un oferente de última instancia", indicó.
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La institución financiera añadió que la iniciativa es un atentado competencia económica, no solo porque busca establecer una política energética que la misma Corte decidió que va en detrimento de la misma, sino que además no favorece la oferta más eficiente, sino que se impone a la CFE.
"De aprobarse, la iniciativa disminuiría los incentivos a innovar para ser más eficientes, ya que eso no garantizaría una mayor participación de mercado, ni sería redituable. Al mismo tiempo, el jugador dominante tendrá mayor poder de negociación tanto con clientes como con proveedores al tener asegurada su cuota de mercado. En otras palabras, no hay duda alguna de que la iniciativa otorga poder de mercado a la CFE", finalizó.
lvm