El sector industrial de Nuevo León se pronunció en contra del reglamento de Tránsito homologado por los Cabildos de Monterrey, San Nicolás y Guadalupe, al calificarlo como la peor amenaza que ha enfrentado el sector empresarial en las últimas décadas, ya que traerá cierres de empresas y la desarticulación de cadenas estratégicas de valor.
Eduardo Garza Junco, presidente de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra), dijo que esto impactaría en el sector económico, por lo que enteraron de esta medida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Economía (SE) y el Gobierno de Nuevo León.
Así como la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y al Instituto Mexicano para la Competitividad y a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) entre otros organismos intermedios de índole nacional.
El dirigente empresarial consideró que el nuevo reglamento de Tránsito es la más grave amenaza para el sector productivo del estado y con repercusiones a nivel nacional e internacional, dado que Nuevo León por su posición geográfica es el paso de mercancías entre México y Estados Unidos, por lo cual es inoperante la medida.
"No se vale sacar ocurrencias como dice el gobernador, sólo porque los alcaldes no quieren estudiar el problema a fondo", subrayó Garza Junco.
Esta medida, dijo, es prácticamente un nuevo impuesto para los empresarios del estado, bajo una coyuntura de incertidumbre económica y financiera, que a todas luces propiciará corrupción y mayores costos para las empresas.
"Este reglamento establece disposiciones orientadas al transporte que son ilegales, ambiguas, excesivas y discrecionales, y que, de ponerse en operación paralizaría por completo las actividades industriales y comerciales de nuestra entidad y entorpecería el flujo de insumos y mercancías de nuestro país", indicó el líder de los industriales.
Añadió que los efectos negativos de esta medida sobre la competitividad van más allá del estado de Nuevo León, afectando a las cadenas productivas de todo el país y con el exterior.
"Creo que los alcaldes no sabían lo que estaban pasando, ya que generará más problemas como el de la inseguridad, al obligar a las empresas a operar en horarios nocturnos, poniendo en riesgo la integridad física de los trabajadores e incrementando el robo de mercancías", indicó el presidente de Caintra.
Garza Junco hizo un llamado a los alcaldes y Cabildos que no han aprobado el reglamento, a detener su proceso y analizar de forma minuciosa las implicaciones a la competitividad y bienestar del estado.
Refirió que la medida que ha sido impuesta no ha sido consultadas las cámaras y organismos empresariales, sólo puede entenderse que tiene un fin recaudatorio, a costa de la productividad del estado, al obligar al transporte de carga pesada a adquirir permisos de circulación que se multiplicarían por municipio con un desmedido impacto en costo.
Explicó que el reglamento pretende no sólo prohibir el libre tránsito de vehículos y mercancías 16 horas al día, sino establecer además el cobro de una cuota de paso a todo vehículo de carga que cruce por los municipios metropolitanos, al hacer necesario en todos los casos tramitar un permiso para estos vehículos.
En conferencia de prensa, Guillermo Dillon, director de la agrupación empresarial, expuso que esta medida para las MiPymes, la medida de restringir horarios para circular el transporte de carga que plantea el reglamento, haría inviable la operación de muchas de estas empresas que operan bajo proceso de manufactura mundial como el just in time y lean manufacturing; que implican procesos continuo 24 horas y la reducción al mínimo de almacenes para inventarios de materias primas y producto terminado.
Comentó que se requiere de un estudio para encontrar la solución adecuada a este problema.
Reiteró que Caintra está abierta al diálogo con las autoridades de todos los niveles de Gobierno.