El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles en el Estado de México (Amdamex), Luis Antonio Bolaños Alvarado, lamentó que la propuesta para regularizar los autos "chocolate" o que ingresaron al país ilegalmente, no sólo se limitará a los siete estados fronterizos, sino que se ampliará a todo el país.
Tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que este sábado firmará un decreto para legalizar el contrabando automotriz, indicó que la situación lejos de limitar el problema lo hará más grande, pues en estos momentos el mercado automotriz está contraído por las repercusiones de la pandemia por covid-19 y la crisis de los semiconductores que sigue sin resolverse del todo.
Destacó que el impacto más significativo será para los propietarios de vehículos legales, ya que la regularización del contrabando provocará una baja en el valor de hasta 20 por ciento de las unidades de mismo año y modelo nacionales debido a la sobreoferta que se generará.
“El propietario al notar que su unidad usada cuesta menos decidirá posponer su venta o retardar su renovación, posponiendo aún más la modernización del parque vehicular y afectando a la cadena de comercialización de automóviles nuevos y seminuevos”.
Anuncio disparó importación ilegal
Bolaños Alvarado recordó que el pasado 27 de junio el presidente anunció originalmente un programa de regularización de vehículos importados que circulan ilegalmente en los estados fronterizos y desde el 29 de junio la cúpula nacional le solicitó una audiencia para explicarle las repercusiones de su propuesta.
Dicho anuncio provocó que durante julio y agosto la importación legal de vehículos usados creciera 69.8 y 84.9 por ciento que representan 5 mil 655 y 6 mil 493 unidades adicionales, respectivamente, y la internación ilegal creció en igual o mayor porcentaje por la esperanza de poder regularizarse.
"El resultado es que ahora es más evidente que nunca ver ese tipo de unidades chatarra circulando en toda la frontera ante la omisión de las autoridades. La introducción y comercialización de vehículos usados procedentes de Estados Unidos sin cumplir las formalidades del procedimiento aduanero es un delito que se ha pretendido resolver sin éxito mediante disposiciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo, tal como lo representan 19 procesos de regularización entre 1979 y 2011”.
Por ello -enfatizó- el decreto representa un golpe al comercio automotor formal que genera empleos y paga impuestos y es un premio para las mafias que se enriquecen con el contrabando de autos. "Los propietarios de este tipo de unidades pagarán una cuota a pseudo organizaciones populares para su regularización, desviando la derrama económica y eludiendo el pago de impuestos que realmente ayudarían a mejorar las condiciones de vida de la población”.
Vehículos de dudosa procedencia
Observó que algunos de estos vehículos incluso son del segmento de lujo y deportivos que nada tienen que ver con la justificación social que las organizaciones afirman. Advirtió que desde el punto de vista ambiental y la movilidad sustentable, estas unidades introducidas al país ilegalmente son un riesgo porque no cumplen con la normatividad mínima, además de ser peligrosos y altamente contaminantes.
El origen y uso de este tipo de vehículos -dijo- son de dudosa procedencia y usualmente no se encuentran en condiciones físico mecánicas y de mantenimiento que garanticen la seguridad de los usuarios y de la población en general.
Ante la inminente publicación del decreto hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para procurar sistemas de transporte eficientes y sustentables para que la ciudadanía mitiguen el impacto de esta medida populista. Por último, exhortó a los consumidores a razonar el impacto negativo de esta medida para que se abstengan de adquirir este tipo de unidades que solo les provocarán problemas y riesgos.
KVS