La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) indicó que el decreto por el cual se regularizan los autos ingresados al país de forma ilegal, conocidos como autos chocolate, vulnera los más de 960 mil empleos directos impulsados por el sector automotriz en el país.
A través de un posicionamiento respecto a dicho decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el miércoles pasado en su edición vespertina, el organismo resaltó que éste es también representa un “golpe directo” al Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero, al Estado de Derecho y a la confianza depositada por inversionistas.
“En otras palabras, es un golpe directo tanto a las personas que encarnan 19.4 por ciento del PIB manufacturero, como al propio Estado de Derecho y a la confianza depositada por inversionistas en México”, sostuvo.
El organismo presidido por José Zozaya externó su preocupación respecto a que no se hizo partícipe a representantes de la industria automotriz en la conversación en torno al impacto que podría generar la regularización de estos vehículos, tanto en los empleos, como en la seguridad de los transeúntes, el medio ambiente y el bienestar de las miles de familias que dependen del sector.
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Resaltó que la mayor parte de los vehículos ligeros que ingresan de manera ilegal al país no garantizan el cumplimiento de las normativas y estándares de calidad y de mantenimiento con los dispositivos de seguridad adecuados, alineados a preservar el bienestar de la ciudadanía.
Aunado a lo anterior, consideró que la emisión del decreto permitirá la introducción de “tantos o más vehículos de los que actualmente circulan ilegalmente en el territorio nacional”.
La AMIA también prevé que la propuesta, efectuada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, impactará al mercado interno, lo que se traducirá en una reducción en la recaudación de impuestos, como el IVA, el ISR y el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN).
Agregó que “viola principios de equidad y proporcionalidad” al exentar el pago de impuestos a quienes internaron vehículos ilegales al país o los adquirieron una vez estando en el territorio nacional.
“El proceso de regularización de los vehículos internados ilegalmente al país no contempla la posible afectación a los empleados mexicanos, al medio ambiente, la economía, la seguridad vial y la salud pública en nuestro país…Reiteramos nuestro compromiso con México y sus habitantes, por lo que ratificamos nuestro interés y disposición por generar canales de comunicación abiertos y cercanos con autoridades gubernamentales para trabajar juntos en beneficio de las y los mexicanos”, añadió.
AMP