La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la regulación sobre los derechos de las audiencias actualmente sometida a consulta pública no debe derivar en mecanismos de control editorial ni en facultades para que la autoridad intervenga en la valoración de contenidos informativos, ya que esto podría generar autocensura, debilitar la libertad de expresión y afectar la certeza jurídica para las inversiones.
Durante su participación en el Foro sobre Libertad Editorial, Regulación y Derechos de las Audiencias, organizado por la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, Armando Zúñiga Salinas, vicepresidente Nacional de Comunicación de la Coparmex y representante del presidente del organismo, Juan José Sierra Álvarez, señaló que los derechos de las audiencias y la libertad de expresión son complementarios.
Sin embargo, enfatizó que la protección de las audiencias no debe provenir de un Estado que decida por ellas, sino del juicio libre de los ciudadanos.
El representante empresarial alertó sobre el riesgo de que una autoridad administrativa adquiera atribuciones para determinar si una información es verdadera, contextualizada o aceptable bajo criterios oficiales, lo cual contraviene estándares internacionales donde las opiniones no están sujetas a juicios de veracidad. Asimismo, apuntó que la imposición de sanciones económicas bajo conceptos subjetivos como "información falsa" o "descontextualizada" puede incentivar la omisión de investigaciones sensibles y posturas críticas.
La Coparmex agregó que la certeza jurídica es una condición clave para la inversión y el crecimiento económico, advirtiendo que un entorno donde los contenidos puedan cuestionarse de forma discrecional incrementa la incertidumbre regulatoria y envía señales desfavorables para los sectores de medios de comunicación, telecomunicaciones y la economía del conocimiento.
El organismo llamó a fortalecer la transparencia, los códigos de ética y las Defensorías de las Audiencias, pero preservando la autonomía editorial, garantizando definiciones regulatorias claras y objetivas, y evitando cualquier disposición que derive en censura directa o indirecta.
PSAJ