Que el aeropuerto de Santa Lucía sea administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contraviene a las normas sobre obra pública, señaló Alejandro Madrazo Lajous, investigador del Centro de investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“La operación de un aeropuerto civil es muy delicado y contraviene normas sobre obra pública el que esté al mando de la fuerzas militares y el tráfico y comercio internacional serían controlados por cuerpos militares como nunca se ha visto; sin embargo, nadie está deteniendo la iniciativa”, dijo.
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El investigador agregó que desde hace dos años los puertos marítimos se encuentran bajo la autoridad de la Marina Armada de México y no por la Marina Mercante, como es en otros países del mundo.
En este sentido, apuntó que la autonomía financiera que se le está otorgando a las fuerzas federales a través de negocios traerá graves problemas al autonomizar a una corporación cohesionada la autoridad estatal, lo que le traerá menos responsabilidad ante el Congreso.
Sobre la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional señaló que fue un éxito lograr los cambios que se efectuaron frente a lo que se estaba proponiendo, “se trataba de la continuación y perpetuación de la estrategia de seguridad que no solo no ha funcionado sino que es en gran medida la principal causa de inseguridad, falta de derechos humanos y gobernabilidad que estamos viviendo”.
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Explicó que la negociación giró en darle autorización constitucional a la estrategia de militarización, por lo que advirtió que debe ser supervisada y funcionar como un anclaje constitucional de los demás poderes y los ciudadanos.
“Si no hacemos el trabajo de construir fuerzas civiles profesionales a nivel municipal, estatal y federal el trabajo de monitorear y fiscalizar el desempeño del ejército en cinco años nos vamos a encontrar en la misma situación que ahora pero mucho más profunda por la autonomía financiera que tendrá”, señaló.
Madrazo también destacó como positivo que la Organización de las Naciones Unidas supervise la Guardia Nacional y no la Secretaría de la Defensa Nacional, pues de ser así, se entregaría a los militares la seguridad nacional.
Agregó que el principal impedimento para resolver el problema de seguridad pública está que los estados y municipios paguen la implementación de la Guardia Nacional y no generen ajustes a sus propias policías.
GGA