El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó hoy que los accionistas del Banco Popular no tienen derecho a ser compensados por el Banco Santander por las pérdidas sufridas tras la resolución del banco hace casi hace cinco años.
El organismo sentencia que los accionistas del Banco Popular que participaron en la ampliación de capital de 2016 y que se habían querellado por información incorrecta en el folleto o por dolo por haber ocultado información patrimonial relevante, no pueden ejercitar contra la entidad presidida por Ana Botín una acción de responsabilidad por la información contenida en aquel documento o una acción de nulidad del contrato de suscripción de dichas acciones, algo que llevaría a tener que restituir el valor de esas acciones afectadas junto a intereses.
La sentencia judicial llega mientras hay miles de juicios en marcha en toda España, que a partir de ahora tendrán que archivarse a raíz de la decisión del TJUE. En su día se calculó que el comprador de Popular podría asumir contingencias legales por entre mil 788 millones y 3 mil 453 millones, importes que ahora podrá ahorrarse Santander.
El Banco Popular fue intervenido por la Junta Única de Resolución (JUR) el 6 de junio de 2017 tras sufrir una crisis de liquidez y ser considerado inviable. Fue vendido al Santander por el precio simbólico de un euro.
Se trató de la primera y por ahora única resolución bancaria siguiendo el nuevo marco europeo, y eso también da una mayor relevancia a esta decisión de la justicia europea, que sienta por primera vez jurisprudencia sobre este marco y las consecuencias para los accionistas.
MRA