El Servicio de Administración Tributaria (SAT) envió 9 mil 287 cartas orientación a sujetos que se dedican a actividades vulnerables a acciones como lavado de dinero para que cumplan con sus obligaciones, así como de las implicaciones y consecuencias de no hacerlo.
A través de un comunicado explicó que, de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las actividades consideradas como vulnerables son los juegos con apuesta, concursos o sorteos, las tarjetas de servicios y prepagadas, los cheques de viajero y los préstamos o créditos por instituciones no financieras.
También los servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles, la comercialización de metales y piedras preciosas, joyas y relojes, o la subasta o venta de obras de arte.
Además, se incluye a los que se dedican a la comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres, los servicios de blindaje de autos o inmuebles, el traslado o custodia de valores y dinero y los servicios profesionales para realizar acciones a nombre de un cliente.
En el listado también se encuentran los que dan servicios de fe pública, la recepción de donativos por organizaciones sin fines de lucro (OSFL), los de comercio exterior (agente o apoderado aduanal), los derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles y los proveedores de activos virtuales.
El órgano de recaudación tributaria explicó que a través del “Programa de cartas orientación”, el cual forma parte de los principales ejes del SAT, busca fomentar buenas prácticas, fortalecer la educación, supervisión y orientación de los sujetos obligados y, con ello, prevenir e identificar actos u operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita.
"Con estas acciones, la dependencia federal señaló que intensifica sus esfuerzos en el combate a la delincuencia organizada, da cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por México como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)", dijo.
También buscan promover una cultura de cumplimiento de obligaciones en materia de actividades vulnerables, en apego a la legislación aplicable.
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MRA