Las empresas del sector gasolinero se verán obligadas a invertir en tecnología, ante la disposición del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de tener la información de los volúmenes de combustibles que se manejan tanto en comercialización, distribución y almacenaje. Esto prepara a franquicias nacionales y extranjeras a cumplir con la nueva medida.
Actualmente, solo el 10 por ciento cuenta con los dispositivos, dijo Alex Sandoval, CEO de la compañía Allie, quien a través de Inteligencia Artificial y lectura de máquinas, colabora con parte de la industria con instalaciones en Tamaulipas.
El objetivo de la marca con presencia en México, Sudamérica y España, es apoyar a inversionistas del ramo para evitar el cobro de multas, pero sobre todo, mantenerse a la vanguardia y evitar el robo de combustibles que a nivel nacional genera una pérdida superior a los 5 mil millones de pesos.
“Se calcula una pérdida de 4 mil 800 barriles diarios por el robo de combustibles, son 5 mil millones de pesos. El SAT busca a través de la digitalización monitorear todos los volúmenes, tanto almacén transporte, cualquier actividad intermedia o hasta la comercialización, y tener un control conectado a los equipos y enviarlo por un software, para supervisar de manera fiable la entrada, salida y existencia de los combustibles”, explicó.
Fija fecha de aplicación
A partir del 1 de enero del 2024, todas las empresas dedicadas al ramo de petrolíferos estarán en revisión de la autoridad correspondiente. Allie comienza a tener tratos con grupos gasolineros, al ofrecer dicha tecnología consistente en aparatos de detección de presión, cuya medición de los volúmenes se conectará con la base de datos oficial.
“Son 20 mil empresas dentro de la industria en todo el país que requieren este equipo. Nosotros tenemos los programas y el servicio conectado a los equipos y mediante la sensorización se hacen los controles para cumplir con la normatividad. Queremos contribuir para ayudar”, añadió Alex Sandoval.
En la entidad hay 575 permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para vender gasolinas, además de terminales de almacenaje de privados en Altamira y Nuevo Laredo, como instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).
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