La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos informó que World Acceptance Corporation (WAC), una compañía de préstamos estadunidense, acordó pagar 21.7 millones de dólares para resolver cargos por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y haber sobornado a líderes sindicales y funcionarios del sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la SEC, el caso de corrupción involucra al menos 30 contratos autorizados a WAC de México, antigua filial de la estadunidense WAC, en los que los implicados recibieron 4.1 millones de dólares en efectivo para asegurar el otorgamiento y pago de préstamos a empleados de gobierno, principalmente de las áreas de salud y educación, por encima de lo que marca la ley.
Como resultado de este plan, WAC se vio injustamente enriquecido por aproximadamente 18 millones de dólares.
Aunque la investigación, que inició en 2018, no revela los nombres de los involucrados, sí detalla que el dinero era entregado directamente en efectivo, o a través de las cuentas bancarias de intermediarios, a funcionarios del gobierno mexicano y dirigentes sindicales entre diciembre de 2010 y junio de 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
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El dinero que salía de la empresa era registrado incorrectamente en los libros contables como una “comisión legítima de gastos”, mientras que “uno de los intermediarios de WAC México volaba a diferentes municipios con grandes bolsas de efectivo para pagar a los funcionarios”, los cuales eran denominados como “guantes”, “becas” o “apoyos”.
WAC es una empresa de préstamos con sede en Greenville, Carolina del Sur y cotiza en la Bolsa de Nueva York. Llegó a México a través de dos líneas de negocios: Préstamos Avance, que ofrecía pequeños préstamos directamente a los consumidores; y Préstamos Viva, que otorgaba pequeños préstamos al estado y empleados del gobierno federal.
Préstamos Viva tenía menores riesgos de cobranza, dado que los empleados tenían una mayor seguridad laboral y los pagos se descontaban automáticamente del cheque de los trabajadores, “cobrados por los sindicatos y enviados a WAC México”.
“Los contratos de Préstamos Viva fueron firmados por funcionarios gubernamentales, por ejemplo, el secretario de salud o educación para un gobierno estatal en particular y funcionarios sindicales, por ejemplo, el secretario de un sindicato en particular”.
De los 4.1 millones de dólares, al menos 1.5 millones se pagaron a funcionarios gubernamentales, 580 mil se pagaron a dirigentes sindicales y 480 mil a terceros intermediarios. “Debido a la falta de mantenimiento de los registros en WAC México, no está claro cómo se pagó el 1.5 restante”.
De acuerdo con el informe de la SEC, WAC y WAC México carecían de contabilidad interna y de controles suficientes para detectar o prevenir dichos pagos. Por ejemplo, WAC México no tenía un sistema de gestión de proveedores, no mantuvo una lista maestra de proveedores aprobados y no contaba con procedimientos o controles formales para aprobar nuevos proveedores. “Estas fallas de control interno sobre los proveedores permitieron a WAC México contratar a terceros intermediarios para pagar sobornos a funcionarios gubernamentales y dirigentes sindicales”.
En su último reporte anual, WAC asegura que actualmente ya no tiene subsidiarias o realiza negocios a nivel internacional, luego de deshacerse de su filial mexicana en agosto de 2018, cuando se completó la venta de la totalidad de las operaciones en México por aproximadamente 44.3 millones de dólares.
“La compañía no ha tenido ni tendrá ninguna otra participación con el segmento operativo de México posterior a la fecha de vigencia de la venta. La compañía y sus subsidiarias ya no operan en México. El segmento se presenta como operaciones discontinuadas en este informe anual", se lee en el informe.
WAC no admitió ni negó los hallazgos de la dependencia estadunidense, pero consintió la entrada de una orden que le requiere pagar la multa, de la que 17.826 millones de dólares son por restitución, 1.9 millones en intereses previos al juicio y una multa de 2 millones.
Además aseguró contratar asesores externos y contadores forenses para llevar a cabo la investigación de “ciertas transacciones y pagos en México”, lo que asegura, le ha representado gastos adicionales sustanciales y tiempo de atención de la alta dirección.
“Sí se determina que un ha ocurrido una violación de la FCPA, dicha violación, o un acuerdo de la misma, puede dar lugar a un evento de incumplimiento bajo el acuerdo que rige nuestra línea de crédito renovable, que podría tener un efecto material adverso en nuestra liquidez”, señala el informe.
La compañía aseguró que está obligada indemnizar a los compradores por reclamaciones y pasivos relacionados con ciertas investigaciones de su antiguo segmento operativo en México.
Actualmente, Préstamos Avance sigue operando en México como una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), con registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) con sede en Nuevo León y de acuerdo con su página web es subsidiaria de Grupo Garsa.
Se dedica a otorgar préstamos para empleados, jubilados, pensionados, dueños de negocios propios y taxistas por hasta por 20 mil pesos, y cuenta con más de 110 sucursales en 20 estados. La tasa de interés es desde el 87 por ciento y Costo Anual Promedio (CAT) de 123 por ciento sin IVA, con plazos de 24 a 120 meses. Además, ofrece promociones para ganar hasta 700 pesos a cambio de promover los créditos.
lvm