La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), afirmó que la reforma a los artículos 171 y 175 de la Ley Federal de Sanidad Animal, que eleva las sanciones al delito de tráfico de ganado, beneficia al sector pecuario, y la salud de las personas que consumen productos de origen animal, ya que el tráfico de ganado genera un peligro para la sanidad e inocuidad de los productos de los mexicanos.
El presidente del organismo Oswaldo Cházaro Montalvo señaló que el dictamen aprobado, considera una pena de dos a doce años de prisión y una multa de hasta dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), al que ingrese al territorio nacional animales, bienes de origen animal, así como productos para uso o consumo animal y por cualquier medio evada un punto de inspección zoosanitaria.
“La pena podría incrementarse en una mitad más, en caso de que un servidor público, por sí o por interpósita persona, participe en dar acceso a esta importación de ganado a territorio nacional, violando la normatividad sanitaria; y se le impondrá la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos durante la privación de la libertad impuesta”, argumentó.
La diputada del grupo parlamentario de Morena, Olga Juliana Elizondo Guerra, quien mencionó que la ganadería genera un valor de exportación de 3 mil 537 millones de dólares al año, donde los resultados posicionan al país como el séptimo productor mundial de proteína animal.
En ese sentido añadió que para mantener la fortaleza del sector, es prioritario garantizar la trazabilidad en todos los eslabones del sistema producto bovino-carne, ya que “el contrabando pone en riesgo el consumo interno, las exportaciones, el desarrollo del sector ganadero, y lo más importante; la salud de las y los consumidores”.
Por su parte, la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, presidente de la Comisión de Ganadería, aclaró que estas medidas tienen el objetivo de combatir y prevenir el tráfico de especies ganaderas, ofreciendo certeza a los productores y evitando daños a la estabilidad económica, sanitaria y a la soberanía alimentaria.
RM