Sector telecomunicaciones acusa extorsión de alcaldías

Operadores de servicios de telecomunicaciones iniciaron una serie de acciones legales contra gobiernos municipales del norte del país a los que acusan de extorsión. Aseguran que hay despachos jurídicos que está asesorando a los municipios para obtener beneficios económicos, mediante la clausura de instalaciones de antenas o redes de fibra óptica.

“De manera ilegal están clausurando instalaciones, dañan las antenas, los equipos de transmisión, las fibras; y el problema es que al final del día son los ciudadanos de sus propios municipios los afectados”, acusó Mario de la Cruz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Electrónica y Tecnologías de la Información (Canieti).

Sobre el tema, el subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Edgar Olvera, afirmó que desde la dependencia ya se están impulsando diferentes esfuerzos con la finalidad de frenar dichas prácticas.

Dijo que se han escuchado las quejas de la industria y coinciden en el hecho de que el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones por ningún motivo se puede detener, mucho menos mediante la extorsión.

Olvera consideró que si bien es un hecho que existe una normativa que deben cumplir los operadores, eso no debe dar pie a que se interrumpan los servicios, o las antenas o incluso cortar la energía eléctrica.

El funcionario explicó que desde la SCT se están haciendo dos cosas en compañía de la industria para solucionar este problema: por un lado se impulsará el modelo de arrendamiento de infraestructura que se estableció en el estado de Hidalgo y, por el otro, se está intercediendo para abrir mesas de trabajo con municipios de Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, entidades en donde los operadores de telecomunicaciones han tenido más problemas.

El subsecretario detalló que el modelo usado en Hidalgo establece debidamente qué hacer para que los permisos no sean dolorosos y para que los operadores puedan cumplir con la normativa local, al tiempo de tener certeza de que su infraestructura va a estar segura.

“Vamos a llevar el modelo de Hidalgo a la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores) para hacer que las 32 entidades de nuestro país la adopten y con ello tengamos permisos lo más homólogo posible a escala nacional”, dijo el subsecretario de Comunicaciones.

En dicho modelo se prevé que un operador pueda iniciar la instalación de infraestructura en siete días, además de avisar al municipio sobre cualquier trabajo de reparación o mantenimiento que se vaya a hacer.

Sobre las mesas de trabajo con los gobiernos municipales señalados, Olvera dijo que la intención es sentar a autoridades e industria, con la finalidad de que se comuniquen sobre cuál fue la razón que motivó al municipio a clausurar una infraestructura y que los operadores demuestren que están en orden sus permisos.

“Indistintamente de que se promuevan los medios de defensa a los que tienen derecho, creemos que con el diálogo y el entendimiento se puede solucionar la problemática, solo estamos esperando ver el mecanismo de una sesión ordinaria o extraordinaria para subirlo a la Conago”, explicó.