Seis de cada 10 trabajadores en México destinaron el reparto de utilidades (PTU) de 2026 al pago de deudas y gastos básicos del hogar, en un contexto de presión en las finanzas familiares, de acuerdo con una encuesta de Research Land.
El estudio señala que el 65 por ciento de los trabajadores utilizó este ingreso para cubrir necesidades inmediatas, lo que refleja un cambio en la forma en que se percibe esta prestación laboral, que dejó de ser un ingreso adicional para convertirse en un respaldo económico.
Del total, el 34 por ciento utilizó su PTU en gastos del hogar como despensa, servicios o reparaciones, mientras que el 31 por ciento lo destinó al pago de tarjetas de crédito, préstamos u otras deudas.
En contraste, el 26 por ciento optó por ahorrar o invertir y solo el 9 por ciento lo utilizó para consumo personal, como viajes, entretenimiento o tecnología.
Este comportamiento ocurre en un entorno de mayor endeudamiento. Datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indican que la morosidad en crédito al consumo creció 12 por ciento en 2025, reflejando dificultades de pago entre los hogares.
“Las utilidades dejaron de verse como dinero para gastos discrecionales y ahora funcionan como un mecanismo para aliviar la presión financiera”, explicó Pablo Levy, director general de Research Land.
En cuanto al monto recibido, el 43 por ciento señaló que fue similar al del año anterior y el 32 por ciento indicó que fue mayor a lo esperado. Sin embargo, el 12 por ciento reportó haber recibido menos utilidades y el 13 por ciento dijo no haber recibido este derecho.
El estudio también mostró inconformidad con los impuestos aplicados: aunque el 42 por ciento dijo entender el ISR, un 26 por ciento lo consideró excesivo y un 10 por ciento no comprendió cómo se calculó.
En este contexto, el 83 por ciento de los encuestados se manifestó a favor de eliminar impuestos al aguinaldo y a la PTU.
Además, el 24 por ciento expresó dudas sobre la veracidad de las utilidades reportadas por las empresas, mientras que el 6 por ciento dijo no confiar en estos datos.
La encuesta se levantó en mayo a nivel nacional entre personas de la población económicamente activa de entre 18 y 55 años.