La senadora por Morena, Olga Sánchez Cordero, pidió a las autoridades dar velocidad a las denuncias interpuestas por la adjudicación de viviendas mediante juicios irregulares en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en 2014, con los que despojaron a más de 211 mil familias de su vivienda.
En este sentido, la diputada Lilia Aguilar aseguró que es posible que estas denuncias por juicios fraudulentos puedan subir a más de un millón.
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Durante la inauguración del foro de Justicia Cotidiana Hacia la construcción del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis. Vivienda Adecuada, Sánchez Cordero aseguró que la dificultad de estos juicios se encuentra en que ya tienen una sentencia formal sin que las partes pudieran interponer impugnaciones o amparos a tiempo.
“Les pido a las autoridades de la fiscalía que den avance en estas denuncias y que de verdad esperaría que siguieran adelante el curso de estas investigaciones y estas denuncias penales que se hicieron… El tema aquí es que muchos de estos juicios formalmente las sentencias fueron emitidas por jueces, además se les pasó el tiempo para las impugnaciones y los amparos por lo que quedaron firmes las sentencias”, dijo.
Aguilar agregó que es posible que se interpongan amparos a las sentencias, toda vez que se trata de juicios fraudulentos con lo que se llevaron más de 2 mil 257 millones de pesos de familias que no pudieron continuar pagando su crédito de vivienda.
“Esto viene de una administración anterior del Infonavit en donde por hacer una transa millonaria se quieren agandallar la vivienda de casi 259 mil mexicanos mandándolo con jueces de consigna que despojaron a la gente sin avisarle y esto ya no depende del ejecutivo ni del legislativo ni del mismo Infonavit", acusó.
Sólo en Nayarit se tiene registro de un juzgado que trabajaba con un despacho de abogados en donde había más de 60 mil familias que fueron despojadas, aunque correspondían a otros estados como Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, pero también hay juicios pendientes en Coahuila y Estado de México.
“Las familias no solamente no fueron notificadas, no tuvieron derecho a la defensa ni a la intermediación, muchas de ellas ni siquiera saben aún que van a ser despojadas de su casa”, agregó.
AMP