La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que después de haber emitido en septiembre de 2020 un bono soberano sustentable, alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, para este año se tiene contemplada otra emisión a un plazo mayor a siete años, pues México tiene una agenda de finanzas públicas sustentables.
“El objetivo que estamos persiguiendo en México es que los recursos se movilicen bajo criterios verdes y sociales, a través de presupuestos públicos y a través del sector financiero, porque a través de éstos es que transita la mayor parte del capital para poder financiar proyectos y políticas”, refirió el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio.
Durante su participación en un panel de discusión organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), explicó que México es un país emergente de ingresos medios con brechas sociales muy importantes, por eso el gobierno federal decidió utilizar una definición más amplia de sustentabilidad en la formulación de políticas públicas y financieras; es decir, no sólo enfocarse en el cambio climático, sino también incorporar la reducción de las brechas sociales.
El funcionario abundó que el cambio climático y los desastres naturales, así como lo ha sido la pandemia del covid-19, afectan más a las familias de más bajos ingresos, de tal manera que el bono ligado a los ODS forma parte de una agenda de finanzas sustentables más amplia.
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Es así, apuntó, la racionalidad del crecimiento sostenible especialmente en países emergentes como México, es que el crecimiento global en el futuro vendrá de países emergentes, por lo que en la medida que este crecimiento sea más verde y social, el mundo se moverá más rápidamente hacia una senda de crecimiento sustentable, en un entorno en el que la mayoría de la población en situación de pobreza estará en los países de ingresos medios.
Incorporación del sistema financiero a criterios sustentables
El subsecretario resaltó que el objetivo principal que se persigue en México es que los recursos se movilicen bajo criterios verdes y sociales, a través de presupuestos públicos y a través del sector financiero, porque a través de éstos es que transita la mayor parte del capital para financiar proyectos y políticas.
“Consideramos que esto es un esfuerzo de nación. Si queremos que la mayoría de los recursos en el país se movilice con estos criterios, tendremos que sumar no sólo los presupuestos públicos y al sector financiero, sino también incluir a corporativos privados y a gobiernos subnacionales, por eso queremos desarrollar un mercado local de este tipo de instrumentos, continuar con una estrategia de manejo de deuda que incorpore estos criterios y promover el alineamiento de los ODS con estos instrumentos de forma tanto vertical como horizontal en los distintos niveles de gobierno”, comentó.
“De esta manera, hemos venido trabajando con el sector financiero para desarrollar una taxonomía financiera que no solamente es verde si no sustentable; al mismo tiempo, estamos trabajando también en la identificación de reportes de riesgos de cambio climático para los bancos y también hemos venido emitiendo regulación para que los inversionistas institucionales transiten a incorporar criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en sus regímenes de inversión”, dijo el subsecretario de Hacienda.
Es así, resaltó, lo que se busca es trabajar en la oferta y la demanda de instrumentos para que se movilicen recursos bajo criterios ASG, y el bono soberano emitido en septiembre de 2020 se suma a algunas emisiones de bonos de impacto en el mercado local.
“Este año emitiremos otro bono a un plazo mayor que nos permita establecer los puntos de referencia para futuros emisores corporativos de este tipo de instrumentos”, comentó Yorio.
Detalló que el bono soberano sustentable descansa en un marco de referencia que se empezó a laborar en 2019 y que se complementa con la gobernanza para el ejecución y monitoreo que se ha venido desarrollando para cumplir con los ODS, mediante un sistema de órganos colegiados que monitorea metas y un mapeo puntual del presupuesto público con los ODS.
“Esto es una especie como de modelo extendido del presupuesto basado en resultados y esta estructura nos permite identificar cuál es el gasto elegible que califica como verde o social con base en estándares internacionales, esto permite que los inversionistas ASG conozcan el gasto elegible ex ante y no ex post, como el de otras estructuras”, concluyó.
AMP