La regularización de autos usados que entraron de manera ilegal desde Estados Unidos, popularmente conocidos como chocolate, están erosionando al erario, porque afecta el mercado interno limitando la venta de unidades nuevas y estimula la entrada ilegal de estos coches, consideran distribuidores en México y especialistas del sector.
En el país se recauda en promedio al mes por Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) alrededor de mil 141.6 millones de pesos, mientras que por legalizar vehículos ilícitos se captan unos 117.6 millones, es decir, casi 10 veces menos que por autos nuevos.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó en la conferencia presidencial que se regularon 116 mil 36 unidades entre el 18 de marzo al 1 de junio de este año, eso significa que por cada cuatro autos nuevos vendidos se legaliza un vehículo chocolate.
Y por el registro de autos usados que ingresaron como contrabando captó el gobierno 290 mdp, mientras que por ISAN entre enero y abril de este año recibió 4 mil 566.3 mdp, 15 veces más que lo captado por legitimarlos.
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Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), afirmó a MILENIO que legalizar esta “chatarra” impacta al erario porque además de limitar la venta, también promueve la importación ilegal al contar con un proceso más laxo a comparación de traerlo legalmente de Estados Unidos.
La importación legal de un auto usado de Estados Unidos cuesta hasta 30 mil pesos, mientras que regularizar un chocolate cuesta 2 mil 500 pesos.
“Se crean privilegios con la regularización y es un estímulo para que sigan ingresando de manera ilegal; además se da un golpe a las finanzas públicas porque aumenta el consumo de gasolina en condiciones mecánicas que requieren más combustible”, comentó Rosales.
También señaló que estas unidades de Estados Unidos ilegales tienen consumos excesivos en combustible, que incluso pueden duplicar lo que usa un auto nuevo en México, por lo que aprovechan más que el gobierno no cobre IEPS sobre la gasolina y eso genera que crezca más lo que deja de percibir la administración federal por no cobrar este gravamen.
Sin embargo, Brais Álvarez Gallardo, automotive account manager de la consultora J.D. Power México, dijo que a pesar de esto, tanto gobierno como distribuidores deben pensar en el usuario.
“Cada parte en esta historia, gobierno y distribuidores, cuenta su versión desde su trinchera, pero olvidan una tercera visión: el consumidor. Es cierto que afecta al mercado, pero los clientes también ven precios muy elevados en los autos en un momento donde disminuyó su capacidad económica”, destacó.
Sumarán Puebla
Actualmente solo en 12 estados se regularizan los autos usados de contrabando, pero por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador se sumará a Puebla a esta lista.
Guillermo Rosales, presidente de AMDA, dijo que este anuncio solo incrementa la problemática que está lejos de solucionarse.
Advirtió que la regularización se está volviendo una bomba de tiempo porque suena improbable que lleguen a la meta en el tiempo previsto, lo que resultará en un número igual o mayor de unidades irregulares sobre las ya legalizadas, ya que no les dará tiempo de acabar con todos los trámites, dejando sin efecto la promesa de seguridad.
“Por ello y más ratificamos que el decreto en cuestión es un rotundo fracaso, ya que lejos de acabar con este fenómeno, será cada vez mayor el número de unidades que sigan llegando”, resaltó.