Socios de la empresa lechera Sello Rojo señalaron a sus directivos por incentivar un fraude y despojo de diversos de sus beneficios legales con ayuda del poder judicial de Jalisco. Los hermanos Rubén y Abraham González Uyeda, presidente y director de la compañía, son quienes han llevado una serie de acciones para quitarles sus beneficios económicos y legales a los socios, además de "quedarse con el control total de la firma".
A través de un comunicado, se detalló que Mayari y Paloma González Rodríguez, hijas de José Luis González, socio fundador de la empresa, denunciaron que autoridades del Poder Judicial de Jalisco, notarios y autoridades del ministerio público local, han incurrido en serias irregularidades en el marco del diferendo que tienen los socios de Sello Rojo, en beneficio de los directivos.
- Te recomendamos Fed hace equilibrios para gestionar una economía "bipolar" y "desamparada" Negocios
"Haciendo uso indebido de sus relaciones, así como de la compra de jueces, notarios y ministerio público de ese estado, los hermanos González Uyeda han logrado “deshacerse” de algunos de los socios de la empresa lechera, entre ellos dos de sus hermanos, con base un “modus operandi”, constante en Jalisco, por el cual se efectúan fraudes corporativos, se desplaza a socios de empresas y se obtiene el control de las mismas", afirmaron en el comunicado.
Destacaron que con el apoyo de despachos de abogados involucrados en otros casos fraudulentos como el de la Fundación Jenkins en Puebla, el del World Trade Center, Tequila Centinela y el de la empresa Omnlife, "los hermanos González Uyeda quieren ahora despojar de un patrimonio de 60 años al señor José Luis González de 85 años".
De igual manera denunciaron que a partir de que Abraham González tomó las riendas de la empresa, ésta no ha entregado cuentas, ha presentado pérdidas en sus ganancias anuales por cerca del 30 por ciento, además de que, con base en un supuesto estudio económico, hecho por el contador público Joaquín Ramos Ramos, que estuvo en prisión por intento de homicidio y quien es socio del licenciado Virgilio Rincón Salas, fichado por la Interpol y prófugo de la ley.
"Abraham y Rubén González Uyeda inconformes con una votación en la que la mayoría de los socios exigieron que no siguieran al frente de la empresa, pusieron a Sello Rojo en un entorno legal que los mantiene al frente de la compañía y amenazaron a otros socios de dejarlos sin recursos si no se desistían de sus acusaciones, además de no entregar a su padre José Luis González un solo peso de dividendos cuando la firma tiene ventas anuales por seis mil millones de pesos", condenaron.
Afirmaron que julio de 2019, Rubén Masayiu González abrió una carpeta de investigación ante el Ministerio Público Federal, acusando a sus tíos de fraude cibernético y robo, cuando éstos son adultos mayores de 85 y 90 años, y no forman ni han formado parte de la administración o cualquier función dentro de la empresa, la cual les otorgó medidas de protección penales para que ninguno de los socios y algunos ahora exsocios pudieran acercarse a los hermanos González Uyeda, prohibiéndoles además, en un hecho sin precedentes, su derecho a voto en asambleas, lo que les dio la posibilidad de cambiar los estatutos de la misma y apoderarse de Sello Rojo.
"Resulta increíble, que por 36 meses Abraham y Rubén González Uyeda hayan incurrido en un claro desacato federal “sin que ninguna autoridad judicial jalisciense o del resto del país” les haya obligado a cumplir el mandato de la ley", condenaron los demandantes quienes recordaron que Abraham González fue subsecretario de Gobierno en Segob durante el gobierno de Felipe Calderón y previamente había sido secretario de Desarrollo Económico en el gobierno jalisciense de Francisco Ramírez Acuña; en tanto, su hermano Rubén ha sido presidente de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco y coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, lo que les ha permitido establecer una importante serie de relaciones también en el poder judicial de la entidad.
Por lo que solicitan la intervención directa del Poder Judicial local, del Congreso de Jalisco, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros organismos para el apoyo de los afectados.
srgs