En México, el gas LP es un insumo básico. Siete de cada diez hogares en el país lo utilizan en sus actividades diarias. Sin embargo, de acuerdo con fuentes oficiales, más de la mitad de las ventas de este energético recaen en un grupo de cinco familias, que actualmente enfrentan dos investigaciones por parte de las autoridades de competencia económica.
De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Gas Licuado de Petróleo y Empresas Conexas (Amexgas), al año se consumen en el país 750 mil toneladas del petrolífero, de las cuales alrededor de 60 por ciento se destina a uso doméstico, 15 por ciento para industria y un porcentaje similar al sector comercio y servicios; solo 10 por ciento se utiliza en el transporte.
Sin embargo, desde hace un tiempo está en la mira del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el precio estado subiendo y al menos en lo que va del año ha sido de más de 20 por ciento, tanto en cilindro como en gas estacionario, de acuerdo con cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Como respuesta, López Obrador anunció la creación la empresa estatal Gas Bienestar que competirá con precios bajos.
Sin embargo, la industria tiene una serie de particularidades en su estructura, que le han valido dos investigaciones paralelas y en curso por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
El llamado G5
La industria gasera del país está sostenida por cinco grupos empresariales llamados G5, que de acuerdo con la propia Cofece, concentran más de 50 por ciento del mercado nacional.
Regionalmente el nivel de concentración que ostentan por separado es mucho mayor, principalmente en las penínsulas de Baja California y Yucatán, así como en la costa del Pacífico.
A pesar de que en diversas investigaciones la Cofece no señala directamente el nombre de dichas empresas, de acuerdo con fuentes cercanas a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los principales grupos gaseros que operan en México son Grupo Tomza, de Tomás Zaragoza Fuentes, que desde Baja California controla la mayor parte de la región noroeste del país junto con Zeta Gas, de su hermano Miguel Zaragoza Fuentes.
En este listado de los G5 está también Gas Uribe, que dirige Óscar Uribe, y que tienen alta penetración en el Valle de México y sus alrededores, donde también comparte el reino de esta zona con Vela Gas, de Lázaro Bello.
Otro de los grandes jugadores es Gas Express Nieto, de Sergio Nieto del Río, que ha logrado extender sus dominios por la megalópolis, Guerrero, Jalisco, el Bajío, Veracruz y otras zonas.
Cada una de estas empresas ha tenido sus propias controversias.
En notas periodísticas han trascendido, por ejemplo, las relaciones de poder que han cultivado los Zaragoza en el noroeste del país, y que han frenado la entrada de nuevos competidores, como por ejemplo Blue Propane, en Tijuana; o la relación cercana del ex director de Pemex Emilio Lozoya con Gas Express Nieto.
Toman ventaja
Desde la liberalización total del mercado de gas LP en 2016 como mandato de la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, los privados han avanzado a pasos agigantados, principalmente en la importación.
Según el prontuario estadístico de gas LP de la Secretaría de Energía (Sener), en 2018 significaba 58 por ciento de las importaciones mientras que al cierre de 2019 alcanzó 71 por ciento, con picos en algunos meses de ese año donde se situó hasta 79 por ciento de las importaciones.
De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el cierre de 2020 había vigentes 6 mil 540 permisos relacionados con actividades de gas LP, de los cuales 4 mil 173 eran de expendio al público; mil 133 para actividades de distribución, entre otras como transporte (249), almacenamiento (34), autoconsumo (572) y comercialización (179).
En este sentido, la industria del gas LP ha sido una de las grandes favorecidas en número de permisos, al registrar un incremento de 32 por ciento entre 2014 y 2020.
“Que nadie se pase de rosca”
La Procuraduría Federal del Consumidor aseguró que los expendedores de gas LP tanto estacionarios como de cilindros deben respetar los precios máximos de las 145 regiones del país, ya que de no hacerlo serán sancionados con quitar los permisos para vender este combustible.
El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, señaló que el pasado 28 de julio se publicó la regulación de precios máximos del gas LP y aseguró que esto no impide la competencia.
“Estaremos atentos a que nadie se pase de rosca y respeten el precio máximo en cada una de las 145 regiones; en una semana más lo van a estar consultando en una app, Gas LP Justo, donde podrán denunciar casos en los cuales el consumidor no recibe kilos o litros completos”, aseveró.
MRA