De acuerdo a la Secretaría del Trabajo Federal, se detectaron de septiembre al 31 de diciembre del año pasado, mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, en donde se concentraron 862 mil 489 trabajadores, cuyos derechos laborales y de servicios seguridad social pudieron resultar afectados, esto de acuerdo al documento realizado por el Grupo de Trabajo Institucional para combate a la Subcontratación Ilegal, elaborado por la STPS.
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De acuerdo al INEGI entre 2004 y 2014, el 'outsourcing' se incrementó de 9% al 17%, para el 2019, se contabilizaron 5 millones de trabajadores en este esquema. Se estima que bajo la subcontratación ilegal y abusiva se contabilizaron 6 mil empresas con un monto de evasión que supera los 21 mil millones de pesos anuales.
Por primera vez en la historia de nuestro país, se ha conformado un grupo de trabajo interdisciplinario, integrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), ambas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el objeto de combatir y erradicar la Subcontratación Ilegal.
La dependencia del Trabajo federal pone en claro las diferencias entre lo que es considerado como legal e ilegal: La subcontratación legal: Es un servicio especializado que permite que los negocios se dediquen a su actividad principal sin distraerse en actividades no propias de la empresa. Este esquema es regulado por los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo.
Mientras que la subcontratación ilegal, es aquella que traslada la plantilla laboral a empresas intermediarias con el propósito de encubrir la relación laboral a través de actos simulados para incumplir intencionalmente con las obligaciones laborales y/o de seguridad social, afectando gravemente a los trabajadores y a sus familias, fomentando la competencia desleal entre empresas y mermando los ingresos públicos para el financiamiento de la Seguridad Social.
Cabe precisar que el monto de la evasión supera los 21 mil millones de pesos anuales, donde en la subcontratación abusiva se configuran simultáneamente prácticas ilegales en materia laboral, fiscal, de seguridad social y de lavado de dinero.
El grupo de trabajo realizará a lo largo del presente 2020 acciones específicas sobre estas empresas, hasta garantizar el cumplimiento de las leyes en la materia. Adicionalmente, se concluyeron por parte de la STPS, con información estratégica proporcionada por el IMSS, los primeros siete operativos especiales de inspección a grandes empresas con esquemas muy agresivos de subcontratación ilegal.