Uber, Cabify y Free Now enfrentan una denuncia interpuesta por las firmas Taxi Project y Élite Taxi ante una autoridad de competencia
por presuntas prácticas colusorias, abuso de posición dominante, prácticas desleales, así como estrategia de precios predominantes.
"Hemos formulado sendas denuncias en las sedes de las agencias de la competencia CNMC y ACCO por infracción de, -entre otros-, el art.2 de la ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, contra: Cabify España, Uber System Spain, y Mytaxi Iberia", informó Élite Taxi en un comunicado.
Durante los últimos años, las agencias de la competencia en España han venido protagonizando una «cruzada» frente al sector del taxi, respaldando la competencia desleal de miles de autorizaciones VTC, que legalmente jamás fueron otorgadas para la realización de servicios urbanos, ya que legalmente no es esa su función, algo que han hecho y han seguido haciendo persistentemente durante los últimos años.
El conocimiento por parte de las agencias de la competencia en España, en lo que respecta al conflicto Taxi/VTC es absoluto, y no solo han pasado por alto la ilegalidad e ilegitimidad de las VTC’s haciendo servicios urbanos, sino que además han sido protagonistas principales en el intento de que esas autorizaciones se multiplican hasta su absoluta liberalización, advierte.
En el documento, la compañía afirma que se ha hecho todo intento por regular una actividad que se realiza de forma ilegal y, sistemáticamente, han actuado reiteradamente en los juzgados contra otras administraciones.
Las dudas y sospechas del sector del taxi frente a las agencias de la competencia en España son sobradamente fundadas a lo largo de los años, sospechas de no estar fomentando en ningún momento la legalidad y libre competencia, y sí fomentando la posición de operadores dominantes de mercado y por tanto monopolios.
"Lo que hoy denunciamos es un paso más que ha de abrir un debate donde quedan muchas cosas por decir y muchas explicaciones que dar en el ámbito público, mediático y político, porque buscamos soluciones en un clima de total falta de confianza en las agencias de la competencia, y en el que no podemos pasar por alto el hecho de que la CNMC está presidida por una ex abogado al servicio de Uber hasta no hace mucho tiempo", refirió.
Advierte que la denuncia tiene como base lo que las tres plataformas citadas están infringiendo; son las propias leyes de las agencias de la competencia, de quien como hemos explicado, ha sido su propio valedor durante los últimos años, y esto está sucediendo más acentuadamente que nunca, sobre todo en las últimas campañas relacionadas con la vacunación del covid-19, así como también en los intentos de captación de taxistas por parte de Uber.
No olvidemos que estas tres empresas están declarando pérdidas sistemáticamente en sus ejercicios; sin embargo, regalan su trabajo asumiendo más pérdidas, incurriendo en un abuso de posición dominante en el transporte de personas, bien a través de Taxi o VTC.
¿Qué buscan?
De acuerdo con las compañías de taxis, Uber, Cabify y Free Now buscan excluir del mercado a los potenciales competidores, con el fin de conseguir el monopolio en los sectores, y poder aumentar a medio plazo los precios del servicio, como es demostrable en otras ciudades del mundo.
"En nuestra denuncia, se argumenta sobradamente que hay indicios de la existencia de intención predatoria por parte de las tres empresas denunciadas, que utilizan la fortaleza de la posición de mercado del que organiza la venta a pérdida, su carácter sistemático y continuado, la falta de toda justificación competitiva objetiva y la aptitud para producir la expulsión del mercado de un competidor o grupo de competidores", refirió.
Por lo anterior, afirmó que buscan dar fin a estos abusos de posición dominante que cada vez más sufre el sector del taxi, ya incluso desde dentro, por tres empresas que además vienen ejerciendo de lobby frente a las agencias de la competencia, para que esta “selva” o “ley del más fuerte” que denunciamos se multiplique.
El siguiente paso
Esta denuncia tiene como base resoluciones de las agencias de competencia que no dejan lugar a ninguna duda y deben sancionar con sanciones hasta 10 millones de euros tal y como marca el régimen sancionador por este tipo de infracciones tipificadas como graves.
Si la resolución de las agencias finalmente no se ajusta a derecho, nuestras dos asociaciones iniciarán acciones contra los responsables legales por una posible prevaricación administrativa en el dictado de estas.
MRA