La iniciativa que busca crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob), como un órgano constitucional autónomo que integre, bajo un argumento de austeridad, al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), afectará el desarrollo de los mercados, al coartar toda certidumbre y confianza en las actividades de regulación y protección a la competencia económica del Estado, señaló Mexico Evalúa.
En un comunicado la organización señala que la iniciativa modificaría sustancialmente los objetivos y la conformación de los órganos reguladores y de la autoridad de competencia, en detrimento de la especialización que requieren. De aprobarse en los términos actuales, la iniciativa impactaría directamente en la inversión y en el bienestar de los mexicanos.
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“No reconocería la relevancia de la política de competencia como revisora de la política regulatoria. Al integrar a la autoridad de competencia con reguladores de sector en un solo órgano, la iniciativa debilitaría la función de la autoridad de competencia como contrapeso, tanto en la etapa de diseño e implementación de la regulación, como en el monitoreo de sus resultados”, explicó.
Además, se perdería especialización y se generaría mayor incertidumbre para el buen funcionamiento de los mercados, ya que se prevé la reducción en el número de consejeros y personal para cumplir con las funciones de la Cofece, la CRE y el IFT. “Esto ocasionaría preocupantes cuellos de botella y rezagos en las resoluciones, mismos que podrían impactar en costos y oportunidades de inversión en mercados. Preocupa que, siendo actividades tan técnicas, éstas no puedan ser adecuadamente reguladas por un personal reducido y cuyo experto debería abarcar diferentes materias”.
“Se excluye a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, regulador económico en materia de hidrocarburos; no se incluyen reguladores sectoriales como el ferroviario, de aviación, entre otros y se describe un modelo de regulación asimétrica únicamente para el caso de telecomunicaciones y no así para el sector eléctrico”, explicó.
Otra de las razones es que los organismos constitucionales autónomos perderían independencia. Desintegrar organismos con plena autonomía y volver a hacer un proceso de selección de consejeros, eliminando los controles para asegurar su independencia, incrementaría la influencia política en la toma de decisiones.
“La iniciativa contempla eliminar el examen de conocimientos y el proceso ante el Comité de Evaluación —integrado por los titulares del Banxico y el Inegi— con el que se elegía a los candidatos mejor calificados de acuerdo a sus conocimientos técnicos. Además, propone que los consejeros sean designados por el Ejecutivo federal a propuesta del Senado, sin que se requiera ratificación del Legislativo, como lo establece actualmente el artículo 76 constitucional”, acusa la organización.
kga