El sector energético, particularmente el de midstream y downstream, está viviendo una judicialización derivado de las acciones administrativas que ha realizado el gobierno actual y como respuesta al agotamiento de las medidas diplomáticas por parte del sector empresarial para contrarrestar los efectos adversos en sus inversiones, señalaron especialistas.
En un panel organizado por el Encuentro Internacional de Energía México 2021, el representante legal de la Asociación Mexicana de Distribuidores Energéticos, Ernesto Hernández, dijo que las empresas están optando por defender sus intereses por la vía legal y esto ha llevado a la judicialización del sector, dejando en manos de los jueces la solución de las controversias.
"Lo que advertimos es el fenómeno de la 'captura del regulador' lo que se ha materializado en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y lo vemos en una serie de acciones como el incumplimiento de la emisión de permisos por parte CRE y Secretaría de Energía (Sener), la Política de Confiabilidad y Acuerdo de Cenace, la Política z de Almacenamiento de Petrolíferos y las nuevas reglas de importación".
Por su parte el socio de Lexoil Consultores, Carlos Vallejo añadió que el gobierno realizó una pequeña contrarreforma energética que ha generado incertidumbre, ha puesto el pie en el cuello de los regulados, exceptuando a las empresas productivas del Estado.
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"Esto está orientado a crear un cuello de botella y dejar los menos competidores posibles. Es un proceso de decantación con este proceso de sobreregulación. Estamos ante una visión distinta a la que se tenía en gobiernos anteriores".
Carlos Vallejo añadió que la normatividad actual genera incertidumbre, que de manera consciente o inconsciente quiere dejar menos competidores en el mercado, con la esperanza de quién quiera defenderse por las vías legales lo hagan, pero existe una pasividad de ejercer el derecho al que las empresas tienen acceso.
Por su parte el socio director de GMEC, Gonzalo Monrroy invitó a cada una de las empresas de los diferentes mercados, a evaluar sus competencias para saber en qué momento conviene ir solo en el caso de alguna acción legal, o con sus respectivas asociaciones.
"Algunas (asociaciones) tienen justamente por sus composiciones algunos intereses distintos a los que ellos mismos profesan y esto no debe ser un impedimento para que se respeten el derecho de las empresas", comentó.
Gonzalo Monroy concluyó que existe una política de 'divide y vencerás', y abonar cada uno por su propio camino es dar 'palos de ciego', y aunque algunos serán exitosos, la aplicación no generalizada es lo que termina dañando de largo plazo a la industria.
AMP