El lunes pasado, Venezuela recurrió a medidas desesperadas para detener el colapso económico al eliminar cinco ceros del bolívar, con lo que la moneda se devaluó 95%, y la vinculó a una oscura criptomoneda que administra el Estado.
Mientras trata de detener la hiperinflación —que, según algunas mediciones, es la peor en la historia de América Latina— el gobierno también reduce los subsidios al combustible y eleva 3,000% el salario mínimo.
La inflación anual se encuentra por encima de 80,000% y el Fondo Monetario Internacional (FMI) predijo que este año alcanzará un millón por ciento. Los precios se duplican cada cuatro semanas, lo que hace que la vida sea desesperadamente difícil para millones de venezolanos pobres, que pasan por hambre o abandonan el país.
En un discurso que se televisó la noche del 17 de agosto, el presidente Nicolás Maduro dijo a los venezolanos: “quiero que el país se recupere y tengo la fórmula. Confíen en mí”. El martes pasado fueron presentados los nuevos billetes, que recibieron el nombre de “bolívar soberano”. El billete de mayor denominación —500 bolívares— tendrá un valor de 50 millones de bolívares anteriores, alrededor de ocho dólares al tipo de cambio actual en el mercado negro.
Además de la posibilidad de confusión, los bolívares antiguos y nuevos se utilizarán de forma paralela durante un tiempo hasta que se eliminen los anteriores.
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Maduro dijo que el nuevo bolívar estará vinculado al petro, una criptomoneda del Estado que lanzó en medio de una gran fanfarria este año. La paridad será de 60 nuevos bolívares por cada petro, que a su vez vale 60 dólares, dijo.
Eso implica una devaluación de la moneda de alrededor de 95% con el tipo de cambio oficial, que es de poco menos de 250,000 bolívares viejos por dólar.
Los analistas criticaron el plan por ser absurdo, señalando que el petro no cotiza en ninguna plataforma de operación reconocida y el gobierno lo puede emitir a voluntad.
Steve Hanke, un experto en inflación de la Universidad Johns Hopkins en EU, dice que la hiperinflación va a persistir hasta que el gobierno de Maduro adopte una junta monetaria o acepte la dolarización, algo que Caracas se muestra reacia a hacer porque considera a Washington como la causa de sus problemas económicos.
83,000 % es la tasa
de inflación anual en el país
EM Funding, una consultora con sede en Londres, dice que en los últimos años Venezuela estableció dos récords no deseados: la tasa de inflación más alta en la historia de América Latina y “la mayor caída en la actividad de cualquier país latinoamericano en los últimos 40 años”.
Al citar los datos del FMI, menciona que la tasa de inflación anual de julio de 83,000% superó el récord anterior en Nicaragua a principios de 1991, mientras que la economía venezolana se contrajo 47% en los últimos cinco años, peor que las profundas recesiones en Perú en de la década de 1990 y en Argentina a principios de la década de 2000.
Henkel García, analista de Econométrica en Caracas, dice que ahora pronostica una inflación de entre 300,000 y 400,000% en 2018, “pero es imposible hacer pronósticos con una variable tan volátil”.
El gran aumento en el salario mínimo es para compensar a los trabajadores por los vertiginosos aumentos de precios y entrará en vigor el próximo mes. Llevará el salario mínimo mensual de menos de un dólar a cerca de 30 dólares. Los dueños de negocios dicen que tendrá un impacto devastador en el número de personas que puedan emplear.
“Es casi como una expropiación. ¿Cómo podemos absorber un aumento salarial de ese tamaño?”, pregunta Elizabeth Goncalvez, quien maneja un estacionamiento en un pequeño centro comercial en Caracas. “En este momento empleamos a 13 personas. Vamos a tener que reducirlo a seis”.
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Mientras que los recortes a los subsidios a los combustibles se implementarán de forma gradual en el país. Hasta ahora, la gasolina es prácticamente gratuita en Venezuela, con lo que se creó un enorme comercio de contrabando de combustible que cruza la frontera hacia Colombia y se vende con grandes utilidades. Maduro mencionó que ese tipo de comercio le cuesta a Venezuela 18,000 millones de dólares al año.
Explicó que quería aumentar los precios de combustible a niveles internacionales y redirigir los subsidios directamente a las personas a través de bonos pagados por medio de transferencias electrónicas a su “Tarjeta de Patria”, un documento de identidad que emite el Estado y que se introdujo el año pasado. Cerca de 17 millones de venezolanos, más de la mitad de la población, tienen la tarjeta en la actualidad.
Los críticos dicen que la medida solo es otra forma de que el Estado tenga control sobre quién recibe los subsidios y quién no, de acuerdo con sus lealtades políticas.