Por: Luis Javier Cortés Adame
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
La información revelada tanto por el Coneval como por el Inegi ofrece un panorama detallado de cada entidad federativa que resulta invaluable para orientar decisiones en el ámbito de la salud. Tradicionalmente, la política pública en materia sanitaria se guía bajo la dirección del gobierno federal, especialmente en lo que concierne a la atención de la población sin cobertura de seguridad social. Aunque había asignaciones presupuestales mediante el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), éstas siempre estuvieron sujetas al cumplimiento de criterios establecidos por la Federación. La aparición del Insabi redujo aún más la capacidad de las entidades federativas para influir en la esfera de la salud, debido a que con él se buscó centralizar el esquema en el gobierno federal, financiando y gestionando la infraestructura médica en las entidades federativas, eliminando las transferencias del Seguro Popular y centralizando los recursos del FASSA. Ahora, con la formación de Organismo Público Descentralizado IMSS-Bienestar, se mantendrá esta dinámica, delegando funciones similares a las del —ya extinto— Insabi pero ahora bajo la dirección del IMSS.