Por: Cristian Franco Canseco
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
Muchas veces se tiene una visión idealizada de que el municipio puede resolver todos los problemas y retos que enfrenta su población debido a que es el ámbito de gobierno más cercano a la gente y que, por tanto, conoce con detalle las causas de una problemática y puede implementar alternativas de solución. Sin embargo, la realidad es que respecto a la resolución de un problema social se requiere más que el conocimiento de la situación: son necesarios, entre otras cosas, recursos económicos, capacidades y atribuciones claras. La superación de la pobreza es uno de los problemas más graves que enfrentan los municipios de nuestro país. El reto es de gran magnitud si se toma en cuenta que, según los datos del Coneval 2020, 55.7 millones de mexicanos (43.9 por ciento) se encuentran en situación de pobreza, y que, de estos, 10.8 millones (8.5 por ciento) se ubican en pobreza extrema. La responsabilidad de responder a este problema se les ha asignado a los tres órdenes de gobierno. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley General de Desarrollo Social, la Federación, las entidades federativas y los municipios tienen atribuciones concurrentes relacionadas con el combate a la pobreza. Sin embargo, no se especifican las responsabilidades que debe desempeñar cada uno de ellos y, además, el municipio se encuentra en desventaja respecto a los otros dos ámbitos de gobierno para satisfacer esta atribución.