Por: Jorge Alberto Holguín Lozano y Paulina Valles Torres
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
Existe una deuda en cuanto a democracia participativa en nuestro país por parte del gobierno, en todos sus órdenes: federal, estatal y municipal. Actualmente 29 de los 32 estados ya cuentan con leyes de participación ciudadana, que establecen instrumentos como audiencias públicas, plebiscitos, presupuestos participativos, consultas públicas, referéndums, entre otros. No obstante, aunque podría decirse que normativamente existe un avance en las legislaciones estatales, la realidad sobre la aplicación y desarrollo de los instrumentos de participación ciudadana es otra. Son contadas las localidades que hoy en día desarrollan una política participativa real. El caso de Chihuahua es el ejemplo claro de cómo las leyes y la realidad pueden no corresponder. La Ley de Participación Ciudadana del estado de Chihuahua (LPC) es una de las más avanzadas en nuestro país. Su creación en 2018 abrió un panorama de acción para las personas habitantes del estado, pues conformó las bases que los ayuntamientos deben seguir para la implementación de los diversos instrumentos que contempla.