Por: Francisco Javier Vega Oviedo
Ilustración: Izak Peón, cortesía de Nexos
El derecho de acceso a la información pública es considerado un derecho humano y está garantizado por la Constitución. En su artículo 6° establece que “toda la información en posesión de cualquier autoridad […] es pública”. De la misma manera, indica que “deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”. De este principio emana la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que señala: “El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información”. En la actualidad, la manera en que un gobierno debe transparentar cantidades sustanciales de información es mediante el gobierno electrónico —o e-government —, que acerca a los sectores público y social. Para lograr semejante tarea, los portales de transparencia y datos abiertos son indispensables.