Por: María Fernanda Ramos Araujo
Ilustración: Raquel Moreno, cortesía de Nexos
Para poder hablar de políticas de justicia transicional, lo primero que se debe hacer es visibilizar a la multiplicidad de víctimas que ha generado el conflicto armado no internacional en el que se encuentra desde 2006 y no solo aquellos casos que la sociedad civil y la comunidad internacional ha obligado al Estado a reconocer. Mientras no se reconozca que México se encuentra en un conflicto interno armado, lo mejor que podemos hacer es tratar de concentrar nuestros esfuerzos en generar instituciones fuertes e independientes que puedan comenzar a reparar y dar verdad a las víctimas y a la sociedad. En el pasado, el país ha creado una serie de órganos constitucionales autónomos relativamente exitosos para atender “funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad”, los cuales actúan como un cuarto poder y tienen autonomía funcional y financiera.