Por: Guillermo de Anda-Jáuregui
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
A partir del verano de 2021 se han retirado gradualmente las medidas de mitigación e intervenciones no farmacológicas, particularmente aquellas relacionadas al distanciamiento social. La lógica subyacente es que estas medidas interfieren con la actividad económica, y ante una letalidad y riesgo de hospitalización menor dado el avance de la vacunación, el balance economía-salud lleva a preferir la mitigación a escala individual, evitando restricciones a actividades económicas. Esto, independientemente del potencial riesgo de aumentos en la transmisión del virus. Dicho de otra forma: habiendo alcanzado un control de la mortalidad y la presión hospitalaria, la morbilidad puede ser tolerada, independientemente de periodos de alta incidencia. Una fuente de fricción en este balance economía-salud es que, si bien los efectos de las medidas de mitigación sobre la transmisión del virus pueden ser cuantificados y modelados, la relación entre la incidencia de la enfermedad y su efecto económico no es tan directa. Por esta razón, tener una medida de qué tanto cuestan estos periodos de alta transmisión permitiría poder evaluar los beneficios económicos de implementar medidas de mitigación.