Por Miguel Alfonso Meza
Ilustración de Estelí Meza
El pasado 17 de septiembre entró en vigor la Constitución de la Ciudad de México. A pesar de sus pretensiones progresistas, es considerada por distintos especialistas como una ficción jurídica. Su texto y los derechos que consagra son ficticios porque se encuentran extremadamente alejados de la realidad. Esto se debe, en parte, a que la Constitución local consagra múltiples derechos, pero olvida crear los órganos y los arreglos institucionales capaces de garantizarlos. Sin embargo, la distancia entre las personas y sus derechos alcanza extremos absurdos en materia de transparencia y acceso a la información.