Por: Salvador Herencia Carrasco
Ilustración: Belén García Monroy, cortesía de Nexos
La libertad académica y la autonomía universitaria establecen que los recursos o fondos de investigación públicos deben ser asignados bajo criterios técnicos y objetivos. Recortar arbitrariamente el presupuesto o intentar controlar políticamente cómo se usan determinados fondos viola la autonomía de las universidades. En este sentido, la eliminación de los fideicomisos a fines del 2020, sin criterios técnicos que lo justifiquen, afectó severamente proyectos de investigación y ciencia, incluyendo al CIDE. Adicionalmente, la libertad académica establece el derecho de toda la comunidad universitaria (estudiantes, profesores y personal administrativo) de participar en la gestión de su institución. Esto va desde exigir políticas objetivas de contratación y selección de personal, adopción de medidas para prevenir y sancionar el acoso, violencia sexual o discursos de odio, así como que su voz sea tenida en cuenta en el nombramiento de autoridades del gobierno universitario.
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