Por: Mark Aspinwall
Ilustración: Estelí Meza, cortesía de Nexos
El presidente López Obradador explicó que su decreto era para “empujar el elefante reumático y mañoso”. Es probable que la medida se tomó debido a que sus planes de infraestructura están demorados por demandas y por la normatividad ambiental vigente. Si bien, las obras públicas de infraestructura crean bienes comunes, promueven empleo y crecimiento económico, tienen un alto costo social y ambiental, y por ende necesitan pasar por procesos administrativos y legales. En ese sentido, varias agencias federales —por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Energía (Sener)— juegan un papel muy importante sobre la autorización de licencias y permisos. Están obligados a conducir un estudio de impacto ambiental riguroso con información disponible para los afectados y con la opción de que ellos participen en la toma de decisiones. También, implica el involucramiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) con información sobre el proyecto. La transparencia y el acceso a la información son críticos para una participación informada y el pleno respeto a los derechos humanos.