Por: Felipe de la Mata Pizaña y Paula Sofía Vásquez
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
Estamos frente a un nuevo embate. Una iniciativa de reforma constitucional que limita sustantivamente las capacidades de interpretación y control constitucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y que busca reducirlo a mero aplicador textual de la ley y que, expresamente, restringe al TEPJF de ordenar acciones afirmativas que deban ser implementadas por el poder legislativo, una reserva de ley para un asunto cuya evolución se ha logrado principalmente gracias al trabajo de los tribunales electorales. En síntesis, esta iniciativa, recién presentada por una coalición de diputados de Morena, el PRI, el PAN, el PT y el PVEM y que está siendo discutida de forma acelerada plantea, además de la reserva de ley antes mencionada, circunscribir la jurisdicción del TEPJF a la protección -a medias- estrictamente de los derechos político-electorales dejando fuera otros derechos, por ejemplo, libertad de expresión, incluso si éstos son ejercidos o violados en la arena electoral y modifica el artículo 99 de la Constitución para retirarle al TEPJF la facultad de interpretación constitucional.