¿Las facturas falsas ponen en riesgo a la seguridad nacional?

La mayoría legislativa probó una ruta alternativa para incorporar a los factureros a la lista del derecho penal del enemigo sin tener que reformar la Constitución.

La mira punitiva del actual gobierno federal apuntó hacia las llamadas empresas factureras.
Nexos
Ciudad de México /

Por: Alejandro Jiménez Padilla

Ilustración: Patricio Betteo, cortesía de Nexos

La discusión y solución de esta acción de inconstitucionalidad es de suma relevancia, lo que está en juego es la manera en que prohibimos, juzgamos y castigamos como sociedad. En el fondo, estas son las cuestiones que tendrá que dilucidar la Suprema Corte al resolver los planteamientos de la CNDH. Un reto técnico que exige organizar una de las discusiones más enredadas de nuestro constitucionalismo contemporáneo: los límites de las restricciones constitucionales frente los derechos humanos, así como el problema cuando se presentan estas restricciones en blanco. Así, la Suprema Corte se encuentra en este caso ante la disyuntiva de posicionarse como un contrapeso capaz de racionalizar la coacción estatal desde el paradigma del derecho penal de derechos o facilitar un ejercicio sin controles del poder punitivo del Estado.

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