Por: Mayra Hernández Maciel
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
Para cumplir con el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, los estados y municipios debieron presentar, desde septiembre de 2019 y 2020, los diagnósticos y programas para el fortalecimiento de las capacidades policiales sobre la base de la corresponsabilidad financiera ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) y los congresos locales. Por lo tanto, el discurso político en seguridad tendría que reflejarse en el presupuesto destinado a nivel local a las instituciones de seguridad pública. Hasta el día de hoy, dichos diagnósticos no son públicos y tampoco existe registro o dictamen de los congresos locales sobre los mismos. Lo único disponible es un comunicado de la SSPC y los acuerdos del CNSP, en los que se tienen por “presentados los informes de actividades y los diagnósticos”. ¿Por qué es importante exigir su publicación? Precisamente para examinar si el discurso político que prioriza mejorar la seguridad pública es congruente con lo que se le destina a esta agenda en términos presupuestales. A partir de las necesidades detectadas en dicho ejercicio, ¿cuánto invierten nuestros gobernantes en el fortalecimiento de sus policías?, ¿en qué, cuánto y cómo gastan los presupuestos en seguridad?