Por: Aranxa Sánchez y Sofía Sánchez Velasco
Ilustración: Kathia Recio, cortesía de Nexos
En México, son alrededor de 65 millones de mujeres, niñas y personas menstruantes (entre 13-50 años) que viven un proceso biológico con una duración de aproximadamente 35 años. A pesar de ser un proceso biológico, y por ende fundamental por el que atraviesa más de un tercio de la población, el Estado mexicano no cuenta con políticas públicas integrales en materia de gestión menstrual. Las mujeres y personas menstruantes deben asumir los aún elevados costos económicos asociados a la menstruación. Esta injusticia menstrual se intensifica al contemplar los factores de pobreza y desigualdad. En nuestro país, cuatro de cada diez mujeres no tienen acceso a una gestión menstrual digna como consecuencia de la situación de pobreza en la que viven; de acuerdo a la ENIGH 2020, los hogares de los deciles más bajos destinan entre 1.2 y 1.3 % de su ingreso para acceder a productos de gestión menstrual. Las múltiples desigualdades que atraviesa nuestra sociedad crean un escenario aún más difícil para aquellas mujeres y personas menstruantes en situaciones de discriminación interseccional, como aquellas privadas de la libertad, pertenecientes a poblaciones callejeras o migrantes.