Por: Mina Piekarewicz
Ilustración: Alberto Caudillo, cortesía de Nexos
El reconocimiento de la autonomía moral del paciente hasta el final de la vida es el principio bioético y jurídico fundamental en que se sustenta la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. En los casos en que el paciente no se encuentra en condiciones de expresar verbalmente sus instrucciones, la Ley admite lo dispuesto en el Documento de Voluntad Anticipada, debidamente legalizado. Al modificar el artículo 143 incisos 4 y 5 del Código Penal, la Ley otorga seguridad jurídica al médico y al personal sanitario que brinda la ayuda para morir. Reconoce asimismo el derecho individual del médico a la objeción de conciencia. Al quedar incorporada a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, el financiamiento público de la eutanasia garantiza el acceso en condiciones de igualdad a la prestación de la ayuda médica para morir todo aquel paciente que cumpla con los requisitos que la Ley establece. Con Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia y Nueva Zelanda, España es hoy uno más de los países en los que el derecho a una buena muerte es legal.