Por: Edith Celeste García Ramírez y Leonardo Zúñiga Ayala
Ilustración: Estelí Meza, cortesía de Nexos
Recordar el papel de la Constitución y el papel que asumen las personas servidoras públicas frente a ella toma relevancia en el contexto del proceso de revocación de mandato, ya que un número importante pasó por alto ese juramento y con ello trasgredieron la Constitución. Si bien esta fue la primera vez que se realizó este ejercicio participativo en nuestro país, tanto el poder legislativo como las autoridades electorales jurisdiccionales y administrativas definieron las reglas correspondientes; además, determinaron que parte de las disposiciones aplicables a los procesos electorales también eran vinculantes para el proceso de revocación de mandato, por ejemplo, la salvaguarda de los principios en materia electoral. No obstante, la obligación de respetar el principio de neutralidad en procesos electorales no fue clara para 17 titulares del poder ejecutivo en las entidades gobernadas por Morena, entre otros servidores públicos, ya que ignoraron que la promoción de este ejercicio le correspondía a la ciudadanía y al Instituto Nacional Electoral (INE) y no a ellos. Dicho esto, resulta claro que la participación de las y los servidores públicos en el proceso de revocación de mandato fue un mal ejemplo sobre la manera en que deben actuar frente a sus obligaciones constitucionales. Para muestra veamos algunos números: en este proceso se presentaron 326 quejas por infracciones a la normatividad electoral, particularmente relacionadas con la indebida promoción del proceso de revocación de mandato, la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y el uso indebido de recursos públicos, entre las cuales en 190 se denunciaron conductas presuntamente cometidas por personas servidoras públicas.