Por: Hugo Enrique Hernández García
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
El Cenace, como cualquier organismo público descentralizado de la administración pública federal, está sujeto a los más elementales principios de legalidad y seguridad jurídica, bajo los cuales está obligado a ejercer aquellas facultades que expresamente le ha conferido la ley. Esto significa que debe emitir actos en total sujeción al régimen jurídico que lo regula, fundados y motivados aun en situaciones de emergencia. En ese sentido, el acuerdo no solo presenta deficiencias legales en forma y fondo, sino que es claro que ha sido emitido sin ponderar sus consecuencias para la mejor toma de decisiones, pues puede anticiparse que sus costos superarán por mucho los supuestos beneficios que con él se persiguen, lo cual es contrario a los principios de mejora regulatoria.